El Congreso dio ayer luz verde, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prohíbe la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Los niveles permitidos de estas sustancias en la bollería, las chucherías o los refrescos que se suministren en las escuelas infantiles o institutos tendrá que fijarlos ahora el Gobierno mediante un desarrollo reglamentario de la ley.

La nueva norma obliga a los centros escolares a elaborar menús sanos y elaborados por expertos en nutrición, además de elaborar menús especiales para celíacos (intolerancia al gluten).

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, aseguró que la ley tiene como objetivo fortalecer la salud pública y la seguridad alimentaria, pone el acento en la prevención y en la precaución y refuerza la coordinación entre todas las administraciones públicas.

La ley, según la ministra, "encaja perfectamente" en el engranaje autonómico en materia de seguridad alimentaria y refuerza la colaboración y la cooperación entre las diferentes administraciones públicas. "Lamentablemente hemos sido testigos directos de las consecuencias que puede tener en un país fuerte como Alemania el no disponer de esa coordinación sólida y eficaz", dijo Pajín, que recordó que la tramitación final de esta norma ha coincidido con una crisis alimentaria, la del pepino, que ha afectado a toda Europa y especialmente a los productores españoles.

La ministra incidió en que los objetivos de la ley tratan, además, de generar estrategias que fomenten la promoción de la salud, así como asegurar un nivel elevado de salud en relación con los alimentos que ingerimos.

La titular de Sanidad rechazó, como critica el PP, que la ley sea intervencionista, sino que insta a la sociedad a tener mejores pautas de comportamiento y a los centros educativos a que cumplan en su papel educador y sensibilizador. "Es una de esas leyes que merece mucho la pena aprobar", subrayó Pajín.

En la lucha contra la obesidad, la normativa exige menús infantiles que respondan a un correcto equilibrio nutricional y vela también por impulsar la actividad física. Con el objetivo de disponer de información, se prevé la creación de un observatorio de la nutrición y de estudio de la obesidad, que obtendrá los datos de la realidad existente.

La ley incide además en el establecimiento de procedimientos de actuación en supuestos de crisis o emergencias, así como en la exigencia de que la publicidad sobre alimentos sea "veraz y exacta".

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) tachó, sin embargo, la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria de "restrictiva" e "innecesaria" y opinó que no servirá como solución al problema de la obesidad infantil. Según ha afirmado FIAB en un comunicado, esta norma supone "una traba más al sector de la alimentación", sector que, a su juicio, precisa "más medidas de impulso y no de freno a su actividad".

Asimismo lamentó que esta norma no haya incluido la demanda de las empresas alimentarias, que reivindicaban su derecho a ser indemnizadas por los gastos y perjuicios ocasionados por errores de las administraciones públicas. También se pronunció respecto a la nueva ley la Asociación General de Consumidores, que valoró el texto pero que considera que debería recoger expresamente medidas destinadas a regular la publicidad de productos alimenticios dirigidos a los menores.