No sólo Antonio Boix Roig, sino el teniente coronel de la Guardia Civil, Emilio Baráibar, el jefe de la Guardia de Asalto, teniente Pérez Marín, y otros mandos de ambos cuerpos se habían negado a sumarse al golpe militar iniciado a primeras horas de esa madrugada del 18 de julio de 1936 contra la República. Fue entonces cuando vieron al remolcador España II, con marinería militar a bordo, pasar por delante de la sede del propio Gobierno Civil, entonces situado en un edificio de la calle Triana del lado de naciente, del mar. Habían sido informados de que el general Franco, entonces comandante general de Canarias, iba dentro; y de que se dirigía así por mar al aeródromo militar de Gando (lo esperaba el Dragon Rapide). Había sido visto llegar media hora antes al muelle de San Telmo, a donde se había hecho llevar en coche desde el Gobierno Militar, justo al otro lado del parque, y embarcar en el España II. Boix y Baráibar tenían orden expresa -del Ministerio de la Gobernación y la dirección General de la Guardia Civil- de capturar a Franco vivo o muerto. Y el remolcador estaba a tiro de pistola de tierra. Ambos, además, habían sido conminados por líderes de izquierdas, tanto políticos como sindicales, concentrados en el propio Gobierno Civil, a abrir fuego para detener o hundir al remolcador. Pero no hubo disparos. Antonio Boix se negó a dar la orden.

Una decisión difícil

Aquella decisión no fue nada fácil. Las autoridades leales a la República sabían que era la única posibilidad de interceptar a Franco en la capital grancanaria, toda vez que hábilmente el capitán general había sorteado todo riesgo de ser emboscado por tierra, pero el escenario en ese momento era complejo y confuso. Así lo relata el historiador Alberto Anaya tomando como base documental los libros Isleta/Puerto de La Luz: Campos de concentración (2002), de Juan Medina Sanabria, así como De la República a la Guerra Civil en Las Palmas (1992), de los historiadores Sergio Millares, José Alcaraz, Miguel Suárez Bosa, A. Orihuela y el propio Anaya. No en vano en ese preciso momento -11.00 horas del sábado 18 de julio de 1936- en el que el España II pasaba por delante de un Gobierno Civil de Las Palmas con ventanas al mar, Boix Roig y Baráibar no sabían si el levantamiento militar iniciado en Melilla había fracasado o no... Pero sí sabían por experiencia propia y directa que el Ejército en las Islas se habían sumado al golpe y que los militares estaban comenzando a tomar los puntos estratégicos de una capital que poco después viviría tensión en las calles.

Detrás de Franco

La secuencia es como sigue. Ya entrada esa noche, a primeras horas de la madrugada del 18, el gobernador civil de Las Palmas recibió en Triana una llamada telefónica de Madrid dando cuenta del levantamiento militar en Melilla, primer episodio del golpe. Boix se alertó de inmediato por el hecho de que Franco estaba en Las Palmas. El capitán general había venido desde Tenerife al entierro del general Amado Balmes, gobernador militar de Gran Canaria, muerto el día anterior oficialmente de un tiro accidental en el estómago cuando limpiaba su propia arma.

Las dudas acerca de la naturaleza de la muerte de Balmes se han reabierto ahora a partir de la investigación del profesor Ángel Viñas, que defiende la tesis de que a Balmes los golpistas lo mataron en el cuartel de La Isleta por dos razones: no era claro que apoyara el golpe y, además, Franco necesitaba una excusa para ir a Gran Canaria el 17, no porque el avión Dragon Rapide se hallase en Gando, pues podía haber volado al aeropuerto de Los Rodeos a recogerlo, sino porque necesitaba asegurar la adhesión de los mandos de Las Palmas, una vez garantizados los de Tenerife.

Lo primero que hizo Boix fue advertir a los dirigentes de la Federación Obrera en Las Palmas (que agrupaba a los principales sindicatos: UGT, CNT...); y éstos celebraron una reunión urgente en la Casa del Pueblo en La Isleta. Luego de ahí saldría una convocatoria de huelga general, con protestas repelidas a tiros por los militares hasta el domingo 19. Y ordenó al agente secreto -de 1ª clase (inspección y vigilancia)- Nicolás Ballester que localizase a Franco, que se hospedaba esa noche -17 al 18- en el hotel Madrid, en la plazoleta de Cairasco. Ballester acudió al Madrid acompañado por el jefe de la policía municipal capitalina, Alberto Hernández, fusilado luego, y un grupo de guardias de Asalto. Pero el pájaro había volado.

El entierro de Balmes

En realidad, tras la muerte de Balmes, Franco -con otros militares afectos- había embarcado el 17 hacia Las Palmas por la mañana en el vapor interinsular Viera y Clavijo para formalmente representar al Gobierno en el entierro de Balmes. El día anterior había enviado por la mañana a la capital grancanaria, a su mujer, Carmen Polo, y a su hija [ver despiece]. Al entierro asistieron 20.000 personas; y durante el mismo Franco cruzó unas palabras tensas con el Gobernador Civil y con el alcalde de la ciudad, Luis Fajardo Ferrer, a los que afeó que no hubiesen tapado las muchas pintadas contra él en las calles. De tarde el capitán general tuvo una reunión en una finca de Tafira con mandos militares para afirmar su apoyo, tras lo cual regresó al hotel Madrid.

Poco antes de que se le sometiera a vigilancia, sobre las tres de la madrugada, Franco recibió una segunda llamada de los suyos en la que le pedían que asegurase la adhesión del Ejército en Gran Canaria y difundiera un bando militar a las 5.00 horas, tal y como sucedió (fue leído en Radio Las Palmas y Radio Club Tenerife a la hora indicada). Franco dejó en ese momento el hotel Madrid y acudió al Gobierno Militar en el parque San Telmo, del que sólo salió para irse a Gando.

Órdenes de Madrid

Los acontecimientos se precipitaron. Mientras los guardias trataban de localizar a Franco, se recibió en el Gobierno Civil un telegrama de Madrid confirmando la participación de Franco en el golpe: se daba cuenta del contenido de otro telegrama de los golpistas de Melilla al entonces capitán general de Canarias, anunciando el éxito del alzamiento en esa plaza africana. Fue entonces cuando Boix Roig hizo llamar de inmediato a Emilio Baráibar, quien por su parte ya había recibido orden de la dirección general de la Guardia Civil, en Madrid, de detener al general. También el Gobierno de Casares Quiroga apenas una hora después hizo lo propio con Boix, quien recibió otra orden idéntica en su conversación telefónica con el ministro de la Gobernación, Juan Moles Ormella.

Ultimátums militares

No había pasado una hora cuando el general golpista Luis Orgaz, al que Franco puso al mando en Gran Canaria, se dirigió al Gobierno Civil con el bando militar emitido por Franco con la idea de que fuera acatado por las autoridades. Pero Boix Roig, Baráibar, Pérez Marín y otros cargos de la Benemérita -el comandante Joaquín Laureiro y los capitanes Emilio Pacheco y José García Silva, entre otros- se negaron en redondo. Es más, Orgaz volvió en varias ocasiones y la última, al insistir en entregar el bando al gobernador, éste lo rompió y le advirtió: "Dígale usted a su general lo que he hecho con el bando". Orgaz interpeló entonces a los mandos de la Benemérita, pero se pusieron al lado del gobernador. El último intento fue del propio Franco, sobre las 10.00 de la mañana. Llamó a Baráibar, pero éste no acató y la comunicación se cortó. No fue hasta el domingo 19 de julio cuando, tras ser rodeados por los militares y colocarse piezas de artillería en la calle Domingo J. Navarro, las autoridades leales y los líderes políticos que se les había unido en la sede de Triana se rindieron a los golpistas.

Consecuencias directas

Diez de los dirigentes y militantes de izquierdas hechos presos a raíz de su rendición en el Gobierno Civil fueron asesinados a tiros y tirados al Tajo desde un tren en marcha por falangistas canarios. Habían embarcado todos -la primera bandera canaria de Falange, al mando del teniente Larrea, y los presos- en el vapor Dómine, que los trasladó a Vigo el 5 de septiembre de 1936; y desde allí fueron en tren hasta Toledo.

Entre los asesinados en el Tajo los había con una condena firme -como Amadeo Hernández, líder tinerfeño de CNT, a 4 años por tenencia ilícita de Armas- y gubernativos (detenidos sin orden y desaparecidos). Los demás fueron los telegrafistas Andrés Zamora y Antonio Camino; José Ochoa, líder del PCE enviado de Madrid para organizar al partido en Gran Canaria; el presidente y ex presidente de la Federación Obrera, José Suárez Cabral y Primitivo Pérez Pedraza; los también sindicalistas Félix Hernández y José Sáenz Iraola; el líder político Joaquín Masmano Pardo y el médico Manuel Monasterio.

Por su parte, Boix Roig y Baráibar, juzgados por un tribunal militar el 5 de marzo de 1938 junto a otros 32 detenidos más en Las Palmas y acusados de un delito de "excitación a la rebelión", fueron condenados a muerte. Pero Franco les conmutó la pena por la de cadena perpetua en virtud de que su decisión de no disparar al España II -quizás para evitar un baño de sangre posterior- salvó la vida al luego jefe de Estado después de tres años de guerra y un millón de muertos. Antonio Baráibar logró beneficiarse de varios indultos, salió de la cárcel expulsado ya de la Guardia Civil y murió en los años 60 en Sevilla.