"A las universidades nos gustaría haber sido tratadas igual que el Astrofísico"

- Con la responsabilidad que siempre he tenido que llevar en cada uno de los cursos, pero con la conciencia clara de cuáles son las circunstancias en las que estamos viviendo en todo el mundo. Todavía estoy pendiente de tener una reunión con los consejeros de Educación y Universidades y de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias para ver qué pasa con la financiación de la Universidad para el año 2012. Es verdad que en el contexto general universitario, lo que yo percibo de mis compañeros rectores es de una preocupación extrema.

- ¿Sigue creyendo que la fórmula del contrato-programa es lo más óptimo para la Universidad?, ¿deberían haber otras opciones que permitan blindar la financiación pública universitaria?

- Yo diría que las dos cosas. El contrato programa es una buena fórmula de financiación para una institución pública. Al menos en la fórmula a la que habíamos llegado las Universidades canarias con el Gobierno autónomo había una partida que estaba en función del cumplimiento de objetivos, y es muy importante que un servicio público como es la universidad pública, demuestre ante la sociedad que es la que financia la universidad, que está consiguiendo los fondos, cumpliendo los objetivos que se le ha encomendado. No obstante, entiendo que hay más fórmulas de financiación que hay que impulsar.

- ¿Se refiere a la financiación privada?

- Creo que, como en otros países europeos y americanos, la financiación a través de fundaciones, particulares, o empresas, tendría que estar regulada de otra manera. En este aspecto creo que España todavía está muy lejos de tener una ley de mecenazgo adecuada a los tiempos que vivimos, y que para otros países significa una posibilidad de cooperación y de colaboración con las universidades y los centros de investigación muy importantes.

- ¿Realmente cree posible esa ley de mecenazgo en la situación de crisis actual?

- Creo que en cualquier caso. Si pretendemos que las empresas e industrias actúen, inviertan en I+D+i, considerando que nuestras estructura empresarial es una estructura de pymes y micropymes que difícilmente van a poder generar sus propia unidades de I+D+i, no cabe duda que la colaboración tendría que ser necesariamente con las universidades y con los centros de investigación, y para eso sería fundamental el que existiera una ley de mecenazgo que facilitara esta relación.

- Algunas universidades europeas también han optado por incrementar de forma considerable las tasas universitarias del alumnado. Para Canarias, que tiene una de las tasas más bajas del estado en la actualidad, ¿cree que esta podría ser la solución?

- Este es un tema complicado y de fácil demagogia. Si me pregunta si soy partidario de subir las tasas ahora en la Comunidad canaria le digo que no, estoy de acuerdo con la decisión de incrementar el mínimo este año porque vivimos en una Comunidad cuyo poder adquisitivo es bajo. Ahora, con las tasas no se financia la universidad, se paga una pequeña parte del coste real de la carrera, apenas cubre el 15-20% y el resto lo paga el Gobierno. Pienso que en el futuro las tasas podrían ser una mejor fuente de financiación siempre y cuando se garantice con un buen programa de becas, que todo estudiante con capacidad para estudiar lo pueda hacer aunque no tenga dinero.

- La implantación de Bolonia ha coincidido con la crisis económica. ¿Realmente se puede acometer una reforma de tal calibre a coste cero?

- Evidentemente es muy difícil. Cuando estábamos hablando de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, todos estábamos conforme que requería una serie de inversiones para adecuar mejor las infraestructuras. Entiendo que tuvimos diez años para hacerlo y sólo nos dedicamos a ello en los últimos dos años, y nos cogió el toro porque la creación de organismos para apoyar esta estructura solo se realizó en los últimos cuatro años. El desarrollo legislativo y normativo de la LOU y la Lomlou ha supuesto más de 130 normas en menos de cuatro años. Ha sido una situación extremadamente difícil pero teníamos la obligación de hacerlo y sin recibir financiación específica para ello y lo que hemos hecho es recurrir a la financiación propia de la Universidad (tasas, convenios...) y hemos empleado prácticamente 30 millones de euros en la adecuación de infraestructuras, y en programas de reequipamiento docente, lo cual ha sido un esfuerzo extraordinario por nuestra parte.

- A pesar de todo hay muchos que opinan que Bolonia no es más que humo y que el esfuerzo que se ha hecho supera a sus bondades. Con honestidad, ¿cree que la fórmula seguida ha sido la correcta?

- Quien piense eso no conoce el procedimiento. Todo esto no está más que en función de tener titulaciones homologables en su estructura en todos los países firmantes, que hoy por hoy son 46. Ahora vivimos un momento especialmente difícil, porque estamos atendiendo a un número de titulaciones exagerado. En estos momentos están conviviendo en la Universidad las nuevas titulaciones de grado con las antiguas licenciaturas y diplomaturas, y entre unas y otras podemos tener casi 150 titulaciones en marcha. Es verdad que se están extinguiendo, pero mientras, las tenemos que atender con todas las garantías.

- El siguiente paso va a ser el diseño de nuevas titulaciones. ¿Cuáles son los planes de la ULPGC en este sentido?

- Los títulos y sus contenidos no es responsabilidad de Bolonia sino de las universidades. Antes un título era igual en toda España, ahora los títulos tienen diferencias entre sí, matices que son los que pueden hacer que un estudiante acuda a una universidad y no a otra, y esa es la riqueza del sistema. Nosotros queremos apoyarnos en lo que ya tenemos para seguir creciendo en ese terreno. Pero hoy por hoy hablar de nuevos títulos es un poco complejo, porque ¿nuevos títulos sin profesores? No hay dinero para contratar más profesores.

- ¿En qué titulaciones se está pensando entonces?

- Las titulaciones de grado en las que estamos pensando estarían en todas las áreas, desde Ciencias de la Salud que abarca desde Medicina a Veterinaria, Humanidades, Sociales y Jurídicas y en el área de las Ingenierías. Todo ello adaptado a las normas regionales que nos indican cuáles van a ser apoyadas por el Gobierno de Canarias.

- ¿Corre peligro alguna titulación actual que no esté cumpliendo con los objetivos europeos?

- Afortunadamente ese peligro que existía hace unos años ya no existe, después de todo el trabajo que se ha realizado, y en donde las propias facultades y escuelas han contribuido de una manera muy importante. Hoy por hoy no tenemos ninguna titulación que podamos considerar que esté en peligro.

- En el plano científico, en su discurso de apertura del curso 2011-2012 habló de cómo el gobierno de Canarias prima a sus centros científicos en detrimento de las Universidades. ¿Lo sigue manteniendo?

- Aquí tenemos una estructura distorsionada, muy poca inversión por parte de las empresas en I+D+i y un exceso de inversión, comparado con Europa y el resto de España en centros de la administración pública. Son datos del Consejo Económico y Social, y es el propio CES el que dice que se aprecia una hipertrofia de la administración canaria. Es evidente que tenemos que corregir eso, y lo que habría que analizar es qué papel debería jugar la administración canaria, y esa es una cuestión que hay que sentarse a discutir.

- ¿Es esa escasez de inversión en la investigación universitaria lo que coloca a las universidades canarias a la cola en los 'ranking' científicos?

- Sin duda ninguna el potencial de investigación y la calidad de investigación es directamente proporcional a la inversión en investigación. Canarias aportó en el 2009 el 0,58 del PIB en gastos de I+D+i, muy por debajo del 2,13 de la comunidad Navarra. Estamos muy lejos del PIB que se dedica en los países más avanzados de Europa a investigación. Si nosotros invertimos un 0,6% del PIB tenemos que considerar que las universidades tienen que responder a ese 0,6%. Esto es importante decirlo porque en muchos aspectos producimos más de lo que incluso sería predecible de acuerdo a la inversión que se ha hecho. Una de las cosas que comentan todos los rectores es ¿por qué en los rankings no se difunde cuánto se invierte en cada universidad en investigación?

- Precisamente Canarias ha sido noticia esta semana por la distinción concedida al Instituto de Astrofísica de excelencia investigadora Severo Ochoa. ¿Cómo valora este logro?

- En primer lugar tenemos que alegrarnos del éxito y, segundo, hacer la siguiente reflexión: el Instituto de Astrofísica de Canarias es un centro dedicado exclusivamente a la investigación y un ejemplo de que si se invierte en investigación se obtienen resultados. A las universidades nos gustaría haber sido tratadas igual que el Instituto de Astrofísica de Canarias. Las universidades no tenemos la financiación que tiene el IAC, un organismo dependiente del Ministerio, que tiene unas fuentes de financiación muy altas, que no tienen nada que ver con las nuestras. Insisto, es un ejemplo de que si queremos alcanzar niveles en investigación hay que hacerlo haciendo inversión en investigación.

- ¿Las universidades canarias pueden aspirar hoy por hoy a este tipo de premios?

- No aspiran las universidades, sino los centros de investigación que hay en las universidades, son dos cosas distintas. Lo que premia el Severo Ochoa son centros de investigación, y lo que se requiere en este sentido sería centros muy complejos, con un alto número de investigadores, cierta autonomía de investigación, y que capten gran cantidad de financiación para la investigación. Por eso hay que revisar bien dónde se han dado las denominaciones Severo Ochoa. Sobre la posibilidad de que las universidades canarias tengamos centros que puedan acudir en su día a este asunto, estamos en ello, estamos creciendo para tener cada vez mejores centros, más competentes y con mayor número de investigadores, no sólo de la plantilla, sino que se puedan captar, invitar... y cuya producción pase a formar parte de la producción científica del centro, y para eso se necesita dinero.

- Hace unas semanas el Gobierno de Canarias advertía sobre la infrautilización del supercomputador por parte de la Universidad. ¿Es cierto que los investigadores de la ULPGC están desaprovechando una infraestructura tan costosa como esta por falta de conocimiento?

- No. El supercomputador es un instrumento y, como tal, los investigadores de la Universidad no tienen por qué saber utilizarlo, sólo dar las órdenes de trabajo a las personas que están trabajando en el supercomputador, porque nadie ajeno a él lo toca. La segunda cuestión es que el supercomputador que está en el parque científico de la ULPGC no es de la Universidad, es de la Agencia Canaria de Investigación y, por tanto, nosotros lo que hacemos es facilitar a la Agencia una serie de infraestructuras para que este supercomputador pueda estar en un sitio físico, pero sus cuestiones comerciales no nos competen. En tercer lugar, las necesidades de supercomputación están en función de determinado tipo de proyectos de investigación que requieren cálculos matemáticos de muy elevada complejidad. Aquí no podemos hacer una relación directa entre calidad de proyectos y necesidad de uso de supercomputación.

- Una de sus preocupaciones siempre ha sido la de acercar la Universidad a la sociedad. Sin embargo, parece que no existe una buena sintonía con el Consejo Social. ¿Cuál es el problema?

- El Consejo Social es una herramienta muy fuerte en las universidades actuales, modernas, y su papel es muy importante. Por todos los medios tiene que haber una comunión entre el rector que gobierna la universidad y su equipo y el Consejo Social. Precisamente ese elemento de relación entre la universidad y la sociedad es uno de los grandes retos del Consejo Social. Aparte, y la ley lo dice, el otro gran reto es colaborar a la financiación de las universidades, facilitar el acceso a otros fondos.

- ¿En qué grado se está cumpliendo este objetivo?

- En grado cero. Pero no sólo el Consejo Social de la ULPGC, ninguno lo cumple. Todos se han dedicado a fiscalizarnos y ninguno a traer dinero. Las universidades somos las instituciones más fiscalizadas de todo el sistema español.