El Banco Nacional de Algas podría desaparecer y trasladarse a otra comunidad autónoma como consecuencia de los recortes anunciados por el Gobierno central para la financiación de proyectos de investigación en 2012. "En Canarias se han dilapidado más de 1.300.000 millones de euros en I+D+i y a su costa se han cometido auténticas estafas sociales", señala Guillermo García Reina, catedrático de Biología de la ULPGC y director del Banco Nacional de Algas -BNA-, radicado en el teldense Campus de Taliarte.
Para García, la posibilidad de cerrar el proyecto del Banco Nacional de Algas es real y próxima. "Ahora, en crisis, se pretende recortar a todos lo mismo, cuando no puedes tratar de igual a los desiguales", dice en alusión a los organismos públicos dedicados a la actividad investigadora subvencionada públicamente.
Apunta a que la causa de ese desaprovechamiento en la financiación estatal en I+D+i viene dada por criterios "partidistas y servilistas" en las adjudicaciones, en lugar de atender a la "productividad real". En su opinión, se confunde ciencia con I+D+i. "En Canarias mezclamos churras con merinas. Acostumbramos a olvidar que quien desarrolla ciencia lo hace para generar conocimiento, y no tiene que dar explicaciones, mientas que la I+D aplica la ciencia para invertir en productividad".
Sin propuestas sólidas
García señala "la ausencia de una línea de I+D+i definida a nivel autonómico", de forma que el Gobierno central no encuentra propuestas sólidas para la financiación.
García Reina señala que "hoy día se puede medir todo y se puede conocer de antemano lo que puede dar de sí cualquier proyecto de I+D. Si lo que queda se gestionara de forma profesional, se podría salir adelante aun con la crisis que estamos sufriendo". El BNA genera "una tasa de productividad comparable a nivel internacional. Cuando se lo pides a los organismos públicos crujen los cimientos. Nosotros contamos con financiación del Gobierno central y multinacionales, nunca del Gobierno de Canarias", explica.
Inversión inicial
El BNA, a través de una fuerte apuesta de la ULPGC -que proporcionó sueldos e infraestructura a los investigadores-, dispuso de 2,6 millones de euros procedentes del Gobierno central, cuando aquél consiguió la acreditación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y su registro en la Oficina de Patentes y Marcas.
"El mes de septiembre pasado, la ministra Garmendia, de Ciencia e Innovación, pidió un compromiso por parte del Gobierno canario que no se materializó", explica García, quien añade además, que "vivimos en un Estado de Taifas en el que la administración autonómica y la central van cada una por su lado". El Banco es referencia mundial en el campo de la conservación de biodiversidad algal y como asegura García. "Si nos dejan trabajar cuatro años más, estaremos entre los 3 mejores proyectos del mundo" en esta especialidad, sentencia García.
El trabajo de García desde que se uniera a un grupo de estudiantes para investigar en 1988, en el antiguo Instituto de Algología Aplicada de la ULPGC, culminó en 2008, cuando pasa a formar parte del Parque Científico-Tecnológico de la Universidad, momento en que recibió el apoyo científico de la Fundación Bioagramar.
El BEA funciona bajo un consorcio conformado por el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, que en la actualidad es la Secretaría de Estado Investigación, Desarrollo e Innovación, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y la ULPGC.
