Las bodas y los divorcios se encarecerán al pasar por los notarios

BORJA VALCARCE La ley de mediación anunciada anteayer por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aún no está escrita. No se sabe ni siquiera qué casos estarán contemplados como competencia de los notarios, pero en lo que han coincidido todos los operadores jurídicos consultados es en destacar que las bodas y los divorcios de mutuo acuerdo se encarecerán y se acelerarán al pasar por manos privadas, aunque difieren sobre si estos procedimientos son los culpables del atasco que se da en los juzgados o si afectará negativamente al trabajo de los abogados.

Sobre el encarecimiento de los procesos de divorcio o las bodas, los notarios ya han advertido de que ellos no son los encargados de poner las tarifas del nuevo servicio que la Administración de Justicia pretende poner en sus manos sino que cobrarán lo que les ordenen.

La abogada matrimonialista Eulalia Guerra advierte de que con la medida se pueden crear "dos ritmos distintos" entre las bodas y divorcios que se tramiten por los juzgados y las que vayan por las notarías. "Las personas que tengan menos recursos no podrán permitirse el notario, por lo que el turno de oficio tendrá que adaptarse a la ley para que esto no suceda", asegura.

Al igual que Guerra, se pronuncia la portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Victoria Rosell, quien, con la precaución de hablar de una ley que no tiene un desarrollo concreto, opina que "será un sistema complementario de pago para personas pudientes que, además, podrán recibir servicios complementarios en la notaría, como las capitulaciones matrimoniales, y que también servirá para agilizar los trámites".

Una opción gratuita

La medida, que fue anunciada por Gallardón bajo el pretexto de aliviar la carga y sobresaturación de los juzgados, ha sido acogida con sorpresa por los secretarios judiciales, quienes también podrían casar y divorciar de mutuo acuerdo con una diferencia radical: sería una opción gratuita.

En este sentido, la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), María Eugenia Calamita, recuerda que "nosotros llevamos mucho tiempo reivindicando la jurisdicción voluntaria para que sea competencia de los secretarios judiciales. Creemos que podemos llevar esas funciones que se les quieren encomendar a los notarios con la diferencia de que a los ciudadanos les saldrían de manera gratuita y también descargaría de procedimientos a los juzgados".

Este punto, sin embargo, es criticado por Rosell, para quien los divorcios de mutuo acuerdo son "un supuesto residual y no son los culpables de atascar los juzgados de familia". Algo en lo que difiere el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Javier Ródenas, quien asegura que "todas esas vistas que hay que señalar ocupan tiempo e impiden realizar señalamientos de otros asuntos".

Abogados contra notarios

Otra de las polémicas que surge tras el anuncio de Gallardón afecta al daño que puede hacerle a los abogados perder clientes que se dirigirán a los notarios antes que a ellos para formalizar las bodas y los divorcios. Rosell cree que ellos serán los más afectados "porque los convenios los harán los notarios", además de ofrecerles "servicios complementarios".

Sin embargo, para la abogada matrimonialista Matilde Gómez esto no implica que los letrados dejen de actuar en estos supuestos. "Siempre hará falta un abogado porque el asesoramiento que te da un matrimonialista no es el mismo que puede ofrecer un notario... redactar un convenio regulador requiere mucho cuidado porque tiene sus triquiñuelas y una de las partes puede salir perjudicada". Por todo ello, afirma tajante, "me parece peligroso que no se realicen estas gestiones con un abogado porque peligra la seguridad jurídica de ambos cónyuges".

Por otro lado, los casos en los que hay hijos menores de por medio son especiales porque "siempre hay que dar parte al Ministerio Fiscal", avisa Gómez.

La Fiscalía se persona en el procedimiento "para velar porque quede debidamente protegido el menor tanto en lo material como en lo afectivo", explica el representante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Luis del Río. "Un escollo que veo difícil de superar en el desarrollo de la ley".