Ley Sinde.
España está en el punto de mira de la Administración estadounidense como uno de los grandes delincuentes globales en materia de derechos de autor. Es más, la intervención en Megaupload fijó las miradas del FBI en webs de contenidos de material audiovisual como seriesyonkis o seriespepito, que derivaban a los usuarios a enlaces de Megaupload. La recuperación por parte del Gobierno que preside Mariano Rajoy del reglamento de la Ley de Economía Sostenible, la Ley Sinde, con la creación de una comisión de censura con competencias similares a las de un juez para ordenar el cierre de páginas web que incurran en delito contra la propiedad intelectual, se ha cobrado la impugnación ante el Tribunal Supremo por parte de la Asociación de Internautas.
Inseguridad.
Los derechos fundamentales, manifiestos en la libertad de información, chocan de frente contra los derechos de autor. Mas allá del debate sobre la copia privada y lo que ha ocurrido con Megaupload, en España el debate está en la inseguridad jurídica que se crea con este reglamento. Al igual que en Estados Unidos, la comunidad internauta habla de una involución, de un paso atrás de una industria que hace que terceros paguen los platos rotos de su torpe visión empresarial en los nuevos modelos de mercado.
Firma del ACTA.
Con la SOPA y la PIPA en suspenso, Europa no se ha quedado atrás. Mientras la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, aseguraba que el bloqueo de Internet no era una opción conveniente para la defensa de los derechos de autor, el pasado 26 de enero, la Unión Europea y 22 de sus estados, España incluida, firmaron en Hong Kong el Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA), una propuesta multilateral voluntaria que propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual, definiendo lo que está permitido y lo que no. Un polémico convenio contra la falsificación y el contrabando.
