Los docentes de la Universidad de Las Palmas de Grancanaria (ULPGC) y el rector, José Regidor, analizarán hoy el impacto de los ajustes presupuestarios en la plantilla del centro de enseñanza superior, en el que será el primero de los contactos de Regidor con los sectores afectados por las medidas aprobadas por el Gobierno estatal.
Unos cuatrocientos profesores no funcionarios de las dos universidades canarias, la mitad en cada una de ellas según cálculos de la Consejería de Educación, podrían perder su empleo por la aplicación del Real Decreto 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado la pasada semana por el Ministerio de Ignacio Wert.
Miembros de la Junta de Personal Docente e Investigador y del comité de empresa, que representa al profesorado laboral de la ULPGC, conocerán cómo se va a aplicar ese decreto, una normativa que modificará las condiciones laborales incrementando la carga docente.
El presidente de la Junta de Personal, Félix López Blanco, dijo ayer que el nuevo decreto podría afectar más a universidades que, como la ULPGC, son jóvenes y su profesorado acredita menos tiempo en investigación, que se mide en sexenios.
"Dependiendo del número de sexenios se alterará más o menos la actividad docente de cada profesor", según López Blanco.
A su juicio, "no tiene sentido que para primar la investigación se incremente la carga docente" por lo que consideró que "este es un decreto que penaliza al profesorado, no se sabe por qué razón".
Las novedades que aporta el decreto al régimen de dedicación del profesorado afectan al personal funcionario. Esto es, a los profesores titulares de universidad y de escuelas universitarios, y también a los catedráticos.
La plantilla de la Universidad grancanaria este curso es de 1.633 profesores e investigadores de los que alrededor de 700 son no funcionarios.
La mayoría de estos docentes son contratados doctores, un estatus de personal indefinido en la práctica y con contratos de más larga duración.
Sin embargo, en el lado más débil de esa parte de la plantilla del profesorado no funcionario están los asociados a tiempo parcial y los profesores ayudantes. Por ellos empezarían los ajustes.
Si se aumenta el número de horas de clase del personal funcionario la actividad docente quedaría en mayor medida en manos de los profesores titulares y catedráticos y se habría de prescindir de un número aún por determinar de contratados.
Al respecto, el rector de la ULPGC insistió ayer en que habrá que estudiar "departamento por departamento" la situación. "En algunos sobrarán profesores, pero en otros tendremos que contratar", dijo.
El profesorado que sufra estos ajustes, que persiguen un "ahorro presupuestario, no mejorar la calidad", según Félix López Blanco, no será despedido fulminantemente. "Muchos de ellos son contratados por curso y no se les renovaría para el nuevo periodo académico", según López Blanco. "Existe una gran preocupación en la universidad por el futuro de estos docentes".
