La política de recortes en educación aplicada por el Gobierno de España podría dejar sin empleo el próximo curso 2012-2013 a un siete por ciento de la plantilla del profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Esa cifra se traduce en aproximadamente 120 docentes menos impartiendo clases y realizando investigación durante el próximo periodo académico y, paralelamente, más horas lectivas y una menor dedicación a la tarea científica por parte del profesorado titular universitario.
El rector José Regidor se refirió ayer al primer cálculo aproximativo que provocaría en la ULPGC la aplicación del Real Decreto 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Lo hizo tras la toma de posesión de los directores de área y vicegerentes de los diferentes vicerrectorados con los que completa su equipo de gobierno, y un día después de que anunciara la unidad de acción con la Universidad de La Laguna para negociar con el Gobierno canario evitar los despidos.
"Estamos a la espera del reglamento que desarrolle ese decreto", señaló Regidor. "No obstante, el efecto reductor de profesorado es más bajo que lo que preveía el Ministerio. Estimamos que podría afectar a un siete por ciento de la plantilla global", manifestó.
La Universidad grancanaria tiene casi 1.700 docentes de los que unos 700 no son fijos. Entre ellos estarían los candidatos a no renovar sus contratos el próximo curso, y las víctimas en primera instancia de los recortes del Gobierno estatal.
"Son los profesores asociados, los profesores ayudantes y los profesores ayudantes doctores", explicó el rector. "Si tuviéramos que aplicar el decreto a rajatabla", añadió, "el sector más afectado es el de los más jóvenes, los que están destinados a realizar el relevo de la actual plantilla".
En este punto el rector de la ULPGC mostró su inquietud por las otras víctimas de la drástica reducción del gasto público en educación: los estudiantes. "Me preocupa la calidad de la docencia, lo que puede significar esta posible eliminación de profesorado. En la calidad docente y en el desarrollo normal del trabajo en la Universidad".
Para resolver la aplicación del decreto se tendrán que despejar antes varias incertidumbres, según Regidor: la ambigüedad interpretativa y legal del texto, y la capacidad del Gobierno canario para asumir el sostenimiento de las plantillas actuales de las dos universidades. "Todavía tenemos un margen de maniobra con la comunidad autónoma", dijo, "para saber hasta dónde estaríamos obligados a aplicarlo. Y conocer si sostener las plantillas no supondría un incremento de la deuda de Canarias".
