El consejero de Educación del Gobierno canario, José Miguel Pérez, se reunirá hoy con los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Regidor, y de la Universidad de La Laguna (ULL), Eduardo Doménech, para analizar el impacto de la aplicación del decreto estatal de ajuste presupuestario en el sistema de enseñanza superior.
Pérez ya anunció el viernes, tras reunirse con representantes de las juntas de personal y los comités de empresa docentes de ambas universidades, que los centros superiores deberán aplicar recortes en todos los capítulos del presupuesto para evitar eventuales despidos en las plantillas de profesores.
El consejero dejó claro que el Gobierno canario no puede reponer con presupuesto autonómico el desfase de transferencia de fondos estatales, en este caso para cubrir los recortes en las universidades, más allá de lo que sea amortiguar los daños en las plantillas docentes y en los precios de las tasas, para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado en el acceso a la formación superior.
En un primer cálculo, la Consejería ha estimado una eventual pérdida de unos 400 empleos docentes en las dos universidades canarias, la mitad en cada una de ellas.
Educación aún no ha podido cuantificar el impacto del decreto estatal por que aún el Ministerio no ha especificado los criterios en un reglamento que desarrolle y precise las instrucciones restrictivas.
Sin embargo, el consejero ha recordado al respecto que el Gobierno central pretende un ahorro en todo el sector educativo de alrededor de 3.700 millones de euros.
De ellos, en torno a 1.500 millones serían ingresos a obtener por el incremento de las tasas universitarias. La segunda mayor partida vendría por la reducción de las plantillas de profesorado, unos 200 millones de euros en el nivel universitario y no universitario, según Pérez.
