Cada vez que el Gobierno central anuncia medidas de ahorro en el Servicio Nacional de Salud, los propietarios de las farmacias saben que les toca apretarse el cinturón. A la rebaja en el precio del medicamento y las modificaciones en las ayudas para recetas del servicio público se suma ahora el aumento de las tasas que pagan las boticas por la venta de fármacos, que obligará a muchas de ellas a restringir el horario y despedir trabajadores.

El Gobierno central fija una subida de hasta un 10% en este impuesto, que se abona en función del volumen de negocio de cada establecimiento farmacéutico y que, según la Federación Canaria de Farmacias, implica que las boticas con más de 100.000 euros en ventas al mes "llegarán a pagar el doble de lo que pagan ahora".

En concreto, el Gobierno central establece en el Boletín Oficial del Estado que las boticas que están obligadas a pagar esta tasa son aquellas que generen un volumen de negocio superior a 45.000 euros. La normativa estatal divide el gravamen por tramos, de manera que los más cortos (hasta 37.500) pueden verse beneficiados de una deducción de 850 euros. A partir de esa cantidad se aplica un tasa cuyo porcentaje oscila entre el 12,98 % al 27,52 %.

El presidente de la Federación Canaria de Farmacias, Manuel Díaz, informó de que "la intención del Gobierno de España es que con ese sistema las farmacias más grandes subvencionen a las más pequeñas". Según los cálculos de la Federación, la distribución beneficiaría a tres de cada 10 oficinas de farmacia del Archipiélago. Es decir, que solo el 30 % de las boticas recibirán la bonificación de 850 euros (unos 100 establecimientos en cada provincia).

En el caso de Canarias, serán más las farmacias que aporten una tasa, con lo que la medida al final "resulta recaudatoria", según Manuel Díaz, que argumenta que "con el dinero que abonen las farmacias grandes sobra para pagar la ayuda a las pequeñas, y esa cantidad de más se entiende que se la quedará la Comunidad Autónoma". Pasará lo contrario en aquellas regiones en las que la mayor parte de las boticas deban recibir los 850 euros: "No será suficiente con lo que se recaude de las grandes y tendría que abonarlo el Gobierno".

A pesar de que el resto de establecimientos supera el tramo en el que tendrá que pagar, Manuel Díaz no supo precisar cuántas de ellas son las que se encuentran habitualmente por encima del umbral de 100.000 euros. "Dudo que sean muchas", indica el presidente de la Federación, quien entendió que "esta especie de sistema a lo Robin Hood" es aceptable en la teoría pero "tiene ciertas lagunas", que se analizarán la próxima semana en una reunión en Madrid.

Entre sus críticas, Manuel Díaz apunta que se trata de un sistema arriesgado porque "puede suceder que aquellas farmacias que estén cerca del límite en el que no les compensa seguir facturando, hagan lo posible para limitar las ventas". Apunta que en Canarias es posible que aquellas boticas con horario ampliado, la mayor parte continuo, opten por cerrar sus puertas "con lo que se perjudica al servicio que reciben los pacientes".

Efecto rebote

Precisamente, según el presidente de la Federación Canaria de Farmacias, los usuarios serán los afectados del efecto rebote de esta medida "si como es previsible" también se producen despidos. Díaz explica que si las farmacias con mayores márgenes de ventas dejan de tener los mismos beneficios, "tendrán que prescindir de personal" y argumenta que "los gastos ya están ajustados al máximo y no se puede recortar de teléfono o la luz". "La respuesta al final será prescindir de plantilla", insiste el presidente de la Federación Canaria de Farmacias. Entiende que "si ya hay farmacias en las que se ha duplicado el volumen de atención, si además se despide a personal lo que se conseguirá serán colas de pacientes a la espera de ser atendidos".