La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) decidió ayer en asamblea instar al rector José Regidor a suspender las instrucciones de elaboración del plan docente del próximo curso 2012-2013, que implican la subida generalizada de 240 a 320 horas de clase del personal funcionario, según el órgano de representación.
Sin embargo, el rector negó que la carga docente se sitúe en ese aumento aunque no ofreció una cifra aduciendo la "gran heterogeneidad" de la plantilla de la ULPGC.
La cuestión de fondo no es tanto la oposición al aumento del encargo docente que tendrían que asumir los profesores en el nuevo periodo académico, 80 horas más que el pasado curso en buena parte de la plantilla fija, sino evitar eventuales despidos entre el profesorado contratado a tiempo parcial (ATP).
La cuenta es fácil: si los docentes funcionarios asumen más horas de clase durante el curso sobrarán los contratados con menos estabilidad laboral en la plantilla de la Universidad.
Tres meses después de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sorprendiera a las universidades con la publicación del Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril (de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo), la aplicación de la normativa con la que se pretende ahorrar costes en el sistema público continúa generando controversia en los centros superiores españoles, también en la ULPGC.
"Asumimos que tiene que haber recortes y que el rector está en una posición difícil", señaló ayer a este periódico Félix López Blanco, presidente de la JPDI de la Universidad grancanaria. "Pero no entendemos cómo Regidor y su equipo han decidido reducir costes en el capítulo 1 (personal) y no lo hacen antes en otros, como en el de gastos corrientes (capítulo 2 del presupuesto)", añadió.
El órgano de representación del profesorado funcionario de la ULPGC ya había rechazado en asamblea el pasado 28 de junio la normativa dictada por el rectorado que fija los criterios de elaboración por los centros y departamentos del plan docente para el nuevo curso académico.
Esa oposición se justificó entonces, y se mantuvo en la asamblea celebrada ayer, en una interpretación alcista de la aplicación del decreto de recortes por parte de la ULPGC. De tal manera que buena parte del personal funcionario tendría que pasar de dar 240 horas de clase durante el curso a un total de 320 horas, según indicó López Blanco. "El problema no es dar más horas de clase. Es que eso significará más despidos de los profesores no funcionarios", afirmó el presidente de la JPDI.
La aplicación al alza por el equipo de gobierno de la Universidad grancanaria no tiene correspondencia con el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril, según interpretan los profesores.
Precisamente, la asamblea analizó ayer las instrucciones para incorporar esa normativa en la gestión de las universidades durante el próximo curso que se desprenden de una comunicación de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio fechada el pasado 2 de julio. Con esa nota ministerial se pretende aclarar el régimen de dedicación del profesorado. Esto es, cómo interpretar el decreto cuando ya a contra reloj en las universidades se trabaja para cerrar la planificación de las clases del periodo 2012-2013 antes de iniciarse la primera etapa de matrícula.
"La nota subraya la autonomía universitaria y deja a la interpretación de cada centro cómo organizar a su personal docente e investigador, también en esta coyuntura de contención del gasto", manifestó Félix López Blanco.
De lo que interpreta la asamblea de docentes reunida ayer que el decreto "es un mecanismo para recortar gastos en la universidad. Y cada una tiene que decidir cómo y dónde porque lo que sí que está claro es que no se admiten nuevas contrataciones".
El profesorado también cuestiona las diferencias en la aplicación de la normativa con la Universidad de La Laguna, en la que se ha optado por respetar, por ahora, el capítulo 1, según López Blanco. "Los dos rectores se comprometieron en abril a adoptar medidas similares en las dos universidades".
Según el presidente de la JPDI, la situación ha derivado en que la ULPGC está "interpretando de forma más dura la aplicación del decreto cuando el Ministerio ha acabado por ser más flexible".
Sin embargo, el rector José Regidor no lo tiene tan claro. A su juicio, las tesis de la asamblea de docentes son equivocadas. Empezando por la comunicación de la Secretaría de Estado del Ministerio. "La nota no puede ir contra el texto y el espíritu del Real Decreto y, francamente, no aclara mucho acerca de las dudas iniciales sobre su aplicación", declaró ayer el rector de la ULPGC a este periódico.
Además, Regidor subrayó que el decreto "es una medida extraordinaria con una única finalidad: ajustar y recortar el gasto en las universidades". Y sobre las prioridades para aplicar la tijera en el presupuesto de la ULPGC, si optar por reducir gasto en otros capítulos antes de tocar el del profesorado, fue tajante: "el Real Decreto no habla de otros capítulos sino del personal docente".
De forma que la Universidad grancanaria está haciendo los cálculos para presentar sus cifras de ajuste, que serán consultadas con la Consejería de Hacienda del Gobierno canario. "Queremos que se nos diga si nuestras valoraciones y decisiones son correctas o no", aclaró el rector respecto a estos recortes.
La aplicación del decreto de ajustes no sólo mantiene confrontados a la JPDI con el equipo de gobierno de la Universidad grancanaria. También ha creado división de opiniones entre los propios órganos de representación del personal docente e investigador.
El comité de empresa, el órgano del profesorado laboral, aceptó la propuesta presentada por el rector para adaptar la nueva normativa, una adhesión que también se materializó por parte de los representantes en la JPDI de los sindicatos CCOO, con 6 delegados, y CSIF, con 4. Sin embargo, Asamblea de Profesores, que cuenta con 11 delegados y mayoritario, decidió someterla a la asamblea, que la rechazó.
