El Ministerio de Sanidad ha aplazado hasta septiembre la aplicación de la medida que excluye del sistema de financiación pública de medicamentos a unos 425 fármacos, que deberán ser abonados en su totalidad por los ciudadanos. Fuentes ministeriales señalaron que si bien la medida, denominada por el sector farmacéutico como "tercer medicamentazo", estaba prevista que entrara en vigor en agosto, como anunció la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado 27 de junio, finalmente será un mes después.

Entre los fármacos que excluye del botiquín de financiación pública figuran mucolíticos, antitusivos, laxantes, antidiarreicos, antiácidos, lágrimas artificiales, entre otros grupos terapéuticos para tratar síntomas menores. Esta medida se suma al copago farmacéutico, ya en vigor, que obliga a los pensionistas a pagar el diez por ciento del precio de sus recetas, con topes de ocho, 18 y 60 euros según su renta.

El retraso de la nueva medida anunciada por el Ministerio no ha sorprendido a los farmacéuticos canarios, que consideraban "muy precipitada" la aplicación de la medida. "El Gobierno propuso a finales de junio un borrador y un listado de medicamentos, para someterlos a la consulta de las partes implicadas, entre ellas asociaciones de pacientes, instituciones farmacéuticas... Por tanto no era previsible que dicho proceso concluyera antes de julio, y el borrador contempla que se ponga en marcha el día uno del mes siguiente a su publicación en el Boletín. Incluso sería previsible que ni siquiera en septiembre se aplique el decreto", afirmó Manuel Díaz Feria, presidente de la Federación de Farmacéuticos de Canarias.

Díaz también señaló como causa del retraso el hecho de que aún no se ha cerrado el plazo de alegaciones al borrador de decreto. A nivel nacional, el sector farmacéutico ha presentado una serie de alegaciones, entre las que figura que se contemple la posibilidad de excluir del pago de ciertos fármacos a pacientes crónicos. "Cuidado con algunos fármacos que, si bien se usan para dolencias menores, también tienen utilidad en otras enfermedades no menores, patologías crónicas y esta medida supondría un coste económico importante para estos pacientes", afirmó Díaz Feria, citando como ejemplo el consumo de analgésicos en pacientes con artrosis.

Sanidad busca ahorrar 458 millones con esta limpieza que reduce el vademécum público financiado de las 20.000 presentaciones actuales a 15.000. La medida será revisable en el tiempo y, según fuentes ministeriales, comenzará a aplicarse a principios de septiembre.