Los promotores de la primera universidad privada que se pretende construir en la isla, la Universidad Fernando Pessoa-Canarias, quieren que el Gobierno autonómico decida antes de que termine el año si finalmente autoriza o no la creación del centro superior.
Después de la tramitación de un expediente que se ha alargado dos años y su falta de resolución paralizando una inversión directa de alrededor de 24 millones de euros en la comarca norte de Gran Canaria, según sus impulsores, estos reclaman ahora una decisión rápida que no demore más una inversión que podría emigrar a Italia para emprender otro proyecto.
La exigencia de un pronunciamiento sobre el asunto por la Administración educativa regional, el Ejecutivo canario y el propio Parlamento autonómico, que habría de aprobar finalmente mediante una ley la creación de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C), se produce después de que se conociera hace un mes la propuesta de informe desfavorable para su fundación emitida por la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
En esa resolución, no vinculante pues la decisión última de creación de la UFP-C está en manos del Gobierno de Canarias, se valora de forma negativa el proyecto universitario al que se cuestiona la idoneidad académica de la oferta de títulos y la viabilidad económica para su creación y consolidación.
El ultimátum para que antes de que termine 2012 el Gobierno decida sobre el expediente de creación de la UPF-C se sustenta en el hartazgo de los inversores que promueven el proyecto del centro académico, que se ubicaría en Santa María de Guía, según Antonio Rodríguez, delegado de la universidad portuguesa en el Archipiélago. "Han esperado dos años (los inversores) por un proyecto que está bien explicado y detallado en el expediente. Si no se autoriza aquí están estudiando otra alternativa en Italia", explicó.
Indignación
Rodríguez, que es consejero delegado de la sociedad que promueve la UPF-C, Máster del Conocimiento S.L., creada en septiembre de 2010 con capital portugués y canario, subrayó la "indignación" de este grupo por la propuesta de informe emitida por el Ministerio, en la que se hace constar en su preámbulo la existencia de "dificultades" para analizar el expediente y en la tarea de "clasificar y ordenar la documentación recibida" .
"El expediente lo remitió el Gobierno canario en julio de este año. Hemos estado desde diciembre de 2010 aportando toda la documentación que se nos ha requerido. No entendemos cómo ahora se nos dice que está desordenada por que se presentó bien detallada, explicada y clasificada", según Rodríguez.
"O en el Ministerio o en la Consejería de Educación no han hecho bien los deberes. Nosotros sí; lo hemos entregado todo de la forma pertinente. ¿Qué más quieren que hagamos? ¿Y por qué hasta este momento no se nos dijo nada de ese supuesto desorden?", ha cuestionado el delegado de la UFP-C.
La espantada de los inversores que apoyan la Universidad Fernando Pessoa-Canarias, si finalmente el Gobierno autonómico rechaza la creación de la universidad, provocaría la pérdida de una valiosa oportunidad de impulsar el desarrollo económico de la comarca norte de la isla, a juicio de sus promotores.
"Casi veinticuatro millones de euros, unos 4 mil millones de las antiguas pesetas. Con 600 puestos de trabajo directos, fundamentalmente para la estructura académica, y otros 1.500 en servicios, además de los que precisaría la obra", según detalló el delegado de la UFP-C.
Los promotores ya han iniciado contactos con los grupos políticos en los que se apoya el Ejecutivo regional y el resto de la representación de la Cámara regional para explicarles el beneficio académico y socioeconómico que, a su juicio, produciría la instalación de la universidad portuguesa en el municipio guiense.
Una oferta académica que se sumaría a la de las universidades públicas del Archipiélago.
Al respecto, los promotores de la UFP-C defienden que las titulaciones que ofertaría el centro superior (el primer año tres grados, y sucesivamente hasta un total de doce), son una mezcla de estudios que serían inéditos en Canarias (pues no se imparten ni en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ni en la Universidad de La laguna (ULL), y otros que ya están consolidados en esos centros públicos.
"Pero no hay ninguna razón para que no podamos ofrecer los que tienen las públicas. En otras comunidades sí se permite. Y, además, ¿no vivimos en un mercado libre, también para la enseñanza superior?", cuestionó Antonio Rodríguez.
