A Guillermo le quedan dos meses para obtener la libertad condicional. Para conseguirla la juez le ordena que presente cada semana una analítica que confirme que ya no consume ningún tipo de drogas. Pero el cierre de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital Insular, previsto para el 31 de diciembre, interrumpe un seguimiento y un tratamiento de dos años, gracias al que ha conseguido recuperar a su familia y a su empresa tras haber sido condenado por un delito de salud pública.

Este usuario [que se identifica como Guillermo porque prefiere perservar su identidad] es uno de los 150 pacientes con problemas de drogodependencia que acuden habitualmente a este servicio que cierra después de 20 años en funcionamiento. Una buena parte de ellos, unos 70, cumplen suspensión de condena, mientras que un número indeterminado está a la espera de valoración forense y judicial para su concesión.

Pero a partir del 1 de enero ya no dan más citas para el Insular. La Consejería de Sanidad defiende el cierre con el argumento de que de esta manera "se mejora la atención a los pacientes drogodependientes, ya que se les atenderá a través de la red específica para ello".

La idea es derivarlos a los CAD (Centros de Atención a Drogodependientes), pero para los profesionales del Insular y los propios afectados esta opción no funciona. "Significa sacarlos del sistema. Inicialmente se suponía que iba a llegar la lógica normalización de la atención a estos pacientes, pero ahora, 20 años después, se les vuelve a estigmatizar al cerrar el único recurso normalizado que queda en Gran Canaria", señala Luis Miguel Pérez, jefe del servicio.

El caso de Guillermo, de 50 años, se repite en los pasillos del Insular. Son muchos los afectados que están a punto de acabar su condena y se encuentran llenos de incertidumbre. "Todos los informes médicos que me piden son del Insular. Si no entrego el análisis o sale positivo por algún error, directamente me vuelven a meter en la cárcel", asegura Fernando que ha sido detenido 98 veces por culpa de sus problemas con las drogas.

"Ahora estoy tranquilo. Mi mujer y mi familia me han vuelto a abrir las puertas de sus casas. Llegué a intentar apuñalar a mi hermano para robarle, pero gracias al Insular he salido adelante, soy otra persona. Ahora tengo miedo porque no sé qué va a pasar, nadie nos dice nada, no sabemos qué tenemos qué hacer, adónde tenemos que ir", señala este canario que empezó a meterse en líos con 16 años.

Fernando, como otros afectados consultados por este periódico, no tienen buenos recuerdos de su estancia en los CAD. "No funcionan. Allí no te dejan hablar. En el Insular tengo un problema y puedo llamar a la trabajadora social y al médico, siempre me atienden", apunta.

Actualmente en la unidad, que con el paso de los tiempos se ha convertido en una consulta compartida, trabajan sólo tres personas: un médico, una trabajadora social y un celador. "La unidad es la más rentable de Canarias. En once meses hemos realizado 2.600 consultas. No se trata de un problema económico", afirma el jefe del servicio, Luis Miguel Pérez.

Ante esta situación los afectados y familiares están recogiendo firmas que presentarán previsiblemente la próxima semana. Hasta ahora llevan recolectadas más de 1.000.