La reforma del sistema público universitario tendrá en este 2013 su piedra de toque con un cambio legislativo o normativo que prepara el Gobierno de España encaminado a llevar a cabo modificaciones de calado en la organización y la oferta de titulaciones de los centros académicos.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte espera en las próximas semanas conocer el informe encargado a mediados del pasado año a una comisión de expertos para evaluar el sistema público y proponer medidas que atajen el desfase entre la productividad de las universidades y su financiación, que proviene mayormente de los presupuestos generales del Estado.
El resultado de ese informe, ahora en fase de redacción, no será vinculante para el Gobierno pero se espera que de esta consulta a los expertos se deriven acciones destinadas a una reforma global que tenga traducción en una hipotética nueva ley, un real decreto o una orden que contenga los cambios, según han subrayado a este periódico fuentes ministeriales.
La reforma se concretará este año, pues, en términos legislativos, pero ya comenzó a dar sus primeros pasos en 2012 con una serie de medidas justificadas en las restricciones presupuestarias y que empezaron a tocar todos los flancos del sistema: desde la política de becas, revisando el equilibrio de los criterios de concesión de rendimiento académico y nivel de renta; a la organización de las plantillas, con un control normativo de reasignación de la carga docente e investigadora del profesorado; y, finalmente y de cara a este curso 2012-2013, una subida de las tasas de matrícula de entre el 15% y el 25% de su coste.
Estas son algunas de las claves de la reforma que pretende implantarse en las universidades, de acuerdo a lo avanzado hasta ahora por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y a expensas de la evaluación y recomendaciones que realicen los expertos.
Z Directrices
Cómo está el sistema público español universitario y qué se puede hacer para mejorarlo está en manos de una docena de expertos a los que el Ministerio concedió en abril de 2012 un plazo de seis meses para hacer su evaluación. La comisión, encabezada por María Teresa Miras, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia, está formada por especialistas en diversas áreas. Junto a Miras, pertenecen a este equipo de expertos Óscar Alzaga, catedrático y director del Departamento de Derecho Político en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); José A. de Azcárraga, catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia y miembro del IFIC-Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UVEG); Salvador Barberá, doctor en Economía por la Universidad de Northwestern y catedrático de Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona; José Capmany, catedrático del Departamento de Comunicaciones y Director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la Universidad Politécnica de Valencia; Elisa Chulia Rodrigo, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (RFA), y doctora en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid; Luis Garicano Gabilondo, catedrático de Economía y Estrategia por a London School of Economics; Félix Goñi, desarrollador de la Unidad de Biofísica de la Universidad del País Vasco; Rafael Puyol, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid; Matías Rodríguez Inciarte, presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid; y Mariola Urrea, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja. Estos expertos han tenido que abordar en los últimos meses, entre otros asuntos, la racionalización de la oferta de títulos en las universidades españolas; analizar si el número actual de universidades públicas en España es o no el idóneo; la relación entre inversión y resultados académicos y de investigación; y el modelo de gobernanza y organización de los centros superiores.
Z Titulaciones
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, no ha conseguido en lo que va de su mandato tener una buena relación con los rectores de las universidades españolas. El ambiente está envenenado desde que Wert planteó la reforma, y las medidas para recortar presupuesto, presentando algunos argumentos para justificarlos que distan de ser reales, en opinión de los dirigentes universitarios. Uno de ellos, que cayó el pasado año como una bomba, es el de que supuestamente en España hay muchas universidades y demasiadas titulaciones que arrojan un balance de dudosa eficacia, tanto desde el punto de vista del resultado académico y el éxito de los egresados en el mercado laboral, como de la inversión que cuesta al ciudadano la formación de un titulado superior. Un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)-BBVA, denominado Universidad, universitarios y productividad destaca que el problema no es tanto de exceso en el número de universidades sino de la oferta de carreras con poca demanda en muchas de ellas. Un desajuste que es más difícil de sobrellevar en una época de crisis como la actual, en la que se plantean cuestiones como si el Estado se puede permitir formar más filólogos que médicos, por ejemplo. Y si es rentable, asimismo, que la oferta de buena parte de las universidades españolas ofrezca el mismo número de titulaciones. Este informe revela que alrededor del 50 por ciento de esa oferta formativa se concentra, como se ha repetido para el curso 2012-2013, en las áreas sociales y jurídicas. Además, se estima que aproximadamente un 42% de las enseñanzas ofertadas tienen menos de 50 alumnos de nuevo ingreso. Al respecto, el Ministerio dice apostar por la "racionalización" de la oferta de títulos y por un "estándar de eficiencia mínima": un tamaño medio de grupo de 55 alumnos al que no llegan casi la mitad de las universidades.
Z Centros
En España hay menos de un centenar de universidades públicas. Y, según expertos, no es una cifra a limitar para que ese recorte tenga influencia en ganar más eficiencia docente e investigadora. José-Ginés Mora, director del Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior de la Universidad Politécnica de Valencia, y profesor visitante en la Universidad de Londres es uno de ellos. En Estados Unidos hay cuatro mil, prácticamente una universidad en cada pueblo. En Albania, con tres millones de habitantes, hay 46 universidades; y en el Reino Unido, 150 aunque este país tiene más superficie y habitantes. En general, los países de nuestro entorno poseen más universidades por habitante que España. La mayor diferencia está, quizá, en el modelo que diferencia la docencia de la investigación. Es el caso de Estados Unidos, en el que unas doscientas universidades están especializadas en investigación y, de ellas, solo unas pocas llegan a la excelencia y ocupan los primeros puestos en los ranking internacionales. Por el contrario, la mayoría se dedican a la enseñanza y tienen un bajo coste económico. A diferencia de lo que sucede en España, en donde todos los centros superiores siguen el mismo modelo: iguales títulos, igual dedicación (docente e investigadora), etc.
Z Gobernanza
Los consejos sociales de las universidades españolas volvieron a subrayar el pasado año la necesidad de llevar a cabo reformas de manera urgente en la gestión de las instituciones académicas. El objetivo: dotar a los centros de una mayor capacidad para elegir su modelo de gobierno. Un proceso de cambio que aún no se ha iniciado por falta de voluntad política y, también, de iniciativa por parte de las universidades, según se reconoce desde la propia Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas. Los referentes a imitar estarían en países como Holanda o Finlandia, con estructuras internas más simplificadas y una política de contratación que no descanse esencialmente en las plantillas de funcionarios. Todo ello encaminado a corregir, entre otras cosas, que hasta un 20% del presupuesto universitario se pierda por duplicidades e ineficacia internas. La excelencia no debe ser solo académica; también en la gestión, señalan los defensores de los cambios.
Z Financiación
El sistema universitario, que se costea vía presupuestos del Estado, no es gravoso según coinciden los expertos. España gasta en sus universidades aproximadamente cifras similares a la media europea. Lo que se discute para afrontar ahora esta reforma no es tanto el gasto sino la eficiencia de los centenares de millones de euros que cuestan los centros académicos a los contribuyentes cada año. La traducción del resultado de la inversión empleada para formar a un titulado, o cubrir un proyecto de investigación, y su productividad para la sociedad.
Z Dedicación
La actividad docente e investigadora es compartida en todas las universidades españolas, que tienen encomendadas por ley ambas dedicaciones. Sin embargo, lo que diferencia a la educación superior de muchos países del entorno del modelo español es que no existe especialización. Esa uniformidad dificulta la distinción de cada uno de los centros y su competitividad.
