La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha trasladado a la Fiscalía la situación de las listas de espera en el Servicio Canario de Salud (SCS), para que indague si el retraso generado en la atención sanitaria y sus consecuencias son constitutivas de delito.
Hasta diciembre del pasado año 2012, un total de 29.675 personas que residen en Canarias esperaban para ser operadas en los diferentes hospitales del Archipiélago, una cifra que supone un 9 % más que el semestre anterior.
Sólo el pasado año, las listas de espera quirúrgicas aumentaron un 19%. Es decir, se incorporaron a ella 4.814 personas según los datos publicados a comienzos de 2013 por el SCS.
Las listas de espera en el Servicio Canario de Salud, tanto para intervenciones quirúrgicas como para pruebas diagnósticas y consultas con especialistas generadas en los últimos cuatro años como consecuencia directa de la política de recortes, han supuesto un deterioro de la salud, aseguró ayer esa asociación en un comunicado.
En algunos casos ha provocado que algunos procesos patológicos se vuelvan irreversibles "con consecuencia de muerte o de grave cronificación".
La asociación exige a la Consejería de Sanidad que "aborde inmediatamente" la solución a las listas de espera, mejore la gestión de los centros públicos y modifique la política de recortes que desde 2008 hasta la actualidad ha menguado en más de 500 millones el presupuesto, a los que habrá que sumar para 2013 una reducción real de 218 millones (el 8% de sus fondos) del SCS.
Desmantelamiento
En el capítulo de personal se ha sufrido una reducción de 2.000 empleos y en los hospitales públicos las listas de espera quirúrgica tienen un tiempo medio de espera del doble que la media estatal debido al cierre de quirófanos por la tarde, de acuerdo a la misma organización.
Según esa asociación, el Gobierno de Canarias prevé "un desmantelamiento" de la sanidad pública encaminada a su privatización.
Por ello, realizará una acampada de protesta en la explanada de consultas externas del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín durante la jornada de hoy.
Asimismo, pide a los ciudadanos que denuncien la situación en los juzgados de guardia, en la fiscalía, en la Oficina de Defensa del Usuario Sanitario y presenten quejas al Diputado del Común.
Precisamente, la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, compareció ayer en comisión parlamentaria en la Cámara regional . Mendoza se refirió al informe La salud y el sistema sanitario en las comunidades autónomas, elaborado por la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública y referido a 2009, y dijo que es "inaceptable" la evaluación que en el citado informe se da a la calidad de Canarias y, al respecto, estuvo de acuerdo en que, como había dicho la diputada de Coalición Canaria y exconsejera de Sanidad, María del Mar Julios, no se tienen en cuenta cuestiones como la insularidad.
Por su parte, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, dijo que ante la pérdida de credibilidad del sistema público sanitario la gente "huye despavorida" para hacer pólizas de "tres al cuarto". Y añadió que ese informe, como todos, tiene un sesgo político, pero insistió en que el problema es que la sanidad pública se deteriora por cuestiones como los "injustos" recortes económicos y la consiguiente pérdida de profesionales.
Rodríguez indicó que no hay transparencia en la información sanitaria y criticó que el sistema sanitario está "atascado".
Por su parte Mercedes Roldós, exconsejera de Sanidad y diputada del grupo Popular, afirmó que es indudable el deterioro de la sanidad pública canaria y señaló que este informe tiene un sesgo ideológico en la orientación del PSOE.
Su compañera de grupo, María Teresa Pulido, aseguró que Sanidad tuvo el pasado año más presupuesto que en 2011, y que en ese año se llevaron a cabo más operaciones quirúrgicas que en 2012.
Y también afirmó que se han perdido este año profesionales y los quirófanos, aunque están abiertos, no se utilizan.
