Los psiquiatras y los familiares de las personas con enfermedad mental alertan de que la ausencia de una correcta atención en un contexto social de gran vulnerabilidad, desempleo y pobreza supondrá una vuelta a los psiquiátricos y a la carga familiar. Una situación corriente en los años 80, antes de que se aprobara la ley que regulaba la atención a los enfermos mentales.
Los profesionales responden así a la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, que recientemente cifró el aumento de estas patologías en un 3,4 % durante 2012. Una cifra que se basa en un registro que la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría (ACN) considera "ineficaz" y que la Confederación de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental en Canarias (Feafes) ve "totalmente alejado de la realidad".
Ambas organizaciones recuerdan que la situación actual de crisis favorece el aumento de los trastornos mentales. En cambio, este hecho no viene acompañado de una planificación (desde 20120 no hay plan de salud de Canarias), ni de los elementos necesarios, ya que desde 2008 no se crean nuevos recursos de rehabilitación o alojativo - residenciales que contribuyan a disminuir la carga familiar.
"Con los mismos recursos de hace cinco años pretendemos atender a los afectados que se han incrementado de manera desmesurada", denuncia Andrés Mendoza Cabrera, presidente de la Confederación de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental en Canarias (Feafes), que advierte que el dato aportado por Mendoza es en realidad es mucho mayor del que la responsable reconoce, tanto en trastornos graves como en los leves. "Nos llama la atención de que la propia consejera carezca de datos y de información", señala.
En la misma línea se posiciona Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría (ACN), que considera el registro en el que se sacan los datos publicados por Sanidad no es válido.
"Este registro es ineficiente porque muchas demandas no son trastornos mentales graves, sino menores, como ansiedad o insomnio, pero éstos no llegan a Salud Mental porque los filtran los médicos de Atención Primaria. No sirve para reflejar los problemas de salud mental actualmente", explica el psiquiatra.
El también profesor de la Universidad de La Laguna recuerda que cuando la consejera expuso estos datos el pasado viernes en comisión parlamentaria todos los grupos le insistieron en que había que hacer correcciones.
La Ley General de Sanidad de 1985 cerraba los psiquiátricos y reintegraba en la sociedad a los enfermos mentales. En teoría, el objetivo era que estos pacientes pasaran de estar encerrados en malas condiciones a recibir un tratamiento adecuado, pero en la práctica en Canarias los familiares aseguran que les han dejado "sin opciones".
De hecho, los más allegados a los enfermos afirman que en algunos casos sus propios domicilios se han convertido en psiquiátricos, son los conocidos como "psiquiátricos domésticos".
El presidente de Feafes estima que existen en el Archipiélago más de 20.000 personas con este tipo de problema. "En esta situación se pone de manifiesto la desesperación de las personas que no tienen recursos, que no están siendo atendidas y que se están quedando aisladas en sus propios domicilios", denuncia.
Además, todo ello viene intensificado con el aumento del consumo de antipsicóticos que se han convertido, según denuncian los familiares, en los protagonistas de los tratamientos, en vez de en una parte del mismo.
"Parecía que evolucionábamos hacia que el fármaco fuera una parte del tratamiento, pero desde hace dos o tres años están adquiriendo el protagonismo. La elevada prescripción de fármacos conlleva un deterioro familiar y social, al mismo tiempo que castiga las arcas de las administraciones", revela Mendoza, que recuerda que ese dinero lo pagan "todos los ciudadanos".
La serie de deficiencias detectada en el ámbito de Salud Mental en la comunidad canaria está recogida en el documento La salud mental sin rumbo: Necesitamos un cambio, publicado conjuntamente por las dos organizaciones.
