La ONG Acción en Red-Canarias presentó ayer su nueva campaña Yo decido por la "defensa del aborto legal, seguro y gratuito". Esta iniciativa surge en contestación a la propuesta del Gobierno estatal de derogar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del embarazo, que regula el aborto desde el año 2010.

Según María Nebot, miembro de la ONG, la propuesta del Ejecutivo supondría "volver a considerar el aborto un delito", que haría retroceder a España a antes de 1985 con una de las regulaciones más restrictivas e injustas de la Unión Europea. Para Acción en Red-Canarias, la apuesta por políticas de educación sexual es la mejor herramienta para reducir embarazos no deseados. En este sentido, criticaron que la derogación de la ley actual y la promulgación de la Lomce eliminaría del currículo educativo todo lo relacionado con educación sexual.

La campaña Yo decido nace con tres objetivos principales: garantizar la información sobre el aborto, concienciar a la ciudadanía sobre las consecuencias de derogar la actual legislación y llamar a la movilización por la defensa de los derechos y libertades de las mujeres. Para ello, se llevarán a cabo una serie de acciones de intervención social, como localizar puntos de información y asesoramiento en zonas concurridas de la ciudad, así como una red de acompañamiento a mujeres en proceso de aborto. María Nebot precisó que "el derecho a abortar no implica que todas las mujeres aborten, igual que tampoco es cierto que sin legislación se aborte menos". Ambas explicaron que, de derogarse la ley vigente, las mujeres que deseen interrumpir su embarazo tendrían que viajar a otros países de la Unión Europea donde se reconoce este derecho, mientras que aquellas que careciesen de recursos económicos tendrían que recurrir a la práctica clandestina, con el riesgo que ello conlleva para su vida.

La nueva propuesta gubernamental incluye suprimir el supuesto de malformación fetal y endurecer los requisitos para acceder al supuesto de riesgo para salud física y psíquica de la madre, al que se acogen el 97 por ciento de las mujeres. También se negaría la posibilidad de que las jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento paterno, lo cual, en caso de conflictos en el seno familiar, aumentaría la posibilidad de que las jóvenes recurriesen a prácticas de riesgo, según explicó Noemi Parra, también miembro de Acción EnRed-Canarias y sexóloga. Por último, denunciaron el Real Decreto 16/2012 que niega el derecho a la salud a las personas indocumentadas o que no reciban prestaciones, pues el 40 por ciento de los abortos lo realizan mujeres inmigrantes.