El barrio de Jinámar se ha movilizado y puesto en marcha una recolecta con la que recaudar fondos para los padres del menor de 15 años, que el pasado 28 de enero localizó la Policía Canaria, y que no estaba ni registrado ni escolarizado. Los progenitores han de someterse a las pruebas de paternidad por exigencia de la Dirección General del Menor. Tras lo cual se planteará qué circunstancia será la más adecuada para el adolescente.
Marian Rosales, abuela de la novia del joven, aseguró ayer que "los padres están destrozados, porque les dijeron que tienen que hacerse el test para determinar si realmente son familia del niño", que ahora mismo está bajo la tutela del Gobierno de Canarias. El problema, según relata Marian, es que "la prueba, según se han informado los padres puede retrasarse hasta siete meses, aunque no saben por qué tarda tanto, y ellos no están dispuestos a esperar".
Los progenitores, por iniciativa propia, han preguntado sobre el coste del examen en un laboratorio privado y si el resultado sería aceptable para la Dirección General del Menor. Desde este organismo se les contestó que "si quieren hacerlo, es lícito que lo hagan". El obstáculo es su coste: 300 euros. Un dinero que no tienen, porque ambos están en el paro y dependen de los Servicios Sociales, adscritos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Marian Rosales explica que " los vecinos de todo el barrio nos estamos moviendo para echarles una mano. La idea es una rifa de sólo 300 números, a un euro cada boleto, y tenemos un saco de papas para regalar. Cuando se vendan todos los boletos se utilizará el dinero para pagar los análisis".
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