La reforma de la ley de Propiedad Intelectual española aprobada este viernes por el Gobierno la sitúa más cerca de las regulaciones de países como Alemania o Brasil, al establecer una tasa a los buscadores para que paguen por el uso de los contenidos de empresas editoras.
Pero al mismo tiempo se queda lejos de las restricciones establecidas por países, como Francia, que prevé denegar el acceso a internet a los internautas que se descarguen archivos de forma ilegal.
Es precisamente la diversidad de enfoques de la legislación en la materia la mayor dificultad para controlar el respeto a los derechos de autor en internet, un medio abierto a todo el mundo y en el que los resquicios legales suponen una ventaja para los comportamientos ilegales.
Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México, Singapur, Marruecos, Japón y Corea del Sur trataron de lograr una norma unificada a través del Acuerdo multilateral Comercial contra la Falsificación, conocido como ACTA, que se firmó en 2011.
Pero hasta ahora solo Japón lo ha ratificado y en 2012 el Parlamento Europeo lo rechazó, y solo hasta que seis de las partes lo ratifiquen entrará en vigor, algo que en estos momentos parece imposible de lograr.
En Bruselas se ha optado por iniciar una consulta pública para revisar y modernizar las normas sobre derechos de autor. El tema más polémico es la imposición de un canon por copia privada de un contenido protegido por derechos de autor y la gestión de ese impuesto en toda la Unión Europea (UE).
También se quieren modificar las limitaciones y excepciones al "copyright" o derechos de autor en la era digital y la fragmentación de los mercados de autor europeos.
La futura normativa europea obligará a modificar las actuales legislaciones en los países de la UE.
Una de las más restrictivas es la de Alemania, donde el año pasado se aprobó una ley para obligar a los buscadores de internet como Google o Yahoo! a adquirir licencias de los editores de prensa germanos para difundir sus contenidos informativos y que solo permite citas breves sin necesidad de licencia.
La norma entró en vigor el 1 de agosto con un impacto relativo, ya que, a pesar de que pequeños agregadores de noticias han tenido que cambiar sus prácticas para cumplir la norma, Google News se libró de pagar el canon fijado ya que la mayoría de los grupos editoriales del país le autorizaran a seguir usando sus contenidos gratuitamente.
Alemania seguía así el camino abierto por Francia, que también tiene una tasa para los buscadores de internet y que penaliza la piratería en ese medio con una de las leyes más restrictivas de Europa.
En Reino Unido se creó en 2003 una Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual destinada a combatir el creciente fraude digital.
La piratería en internet está penada en este país con un máximo de dos años de cárcel, pero los grupos de presión quieren que eleven hasta los 10 años para que el castigo se equipare a la importancia del delito.
La misma pena de cárcel, de hasta dos años, es lo que contempla la legislación japonesa aprobada en 2012, en el caso de descargas ilegales por internet, además de multas de hasta 2 millones de yenes (unos 15.000 euros).
Un año después de la aprobación de ley, no se había registrado ningún detención, pero sí ha tenido repercusión en el uso de los programas para descargar archivos "online" más utilizados en Japón, "Winny" y "Share", cuyo tráfico descendió aproximadamente un 40%.
Estados Unidos y Latinoamérica
Estados Unidos, uno de los países que más presiona en la comunidad internacional por la protección de la propiedad intelectual, incluye desde hace dos décadas este asunto en todos los acuerdos de libre comercio que firma con otras naciones y bloques regionales.
Las autoridades estadounidenses llevan a cabo permanentemente operaciones contra la piratería informática y la descarga de cine y música por internet, y cuenta con un informe anual que realiza la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) y que vigila el respeto legislativo en todo el mundo.
En Latinoamérica también hay mucha preocupación por este tema y en países como México -donde la normativa persigue adecuarse a sus relaciones con Estados Unidos - o Brasil, ambos en la lista de observación de la IIPA por la falta de la legislación necesaria para luchar contra este problema.
En el caso de Brasil, el principal problema es el crecimiento de sus conexiones a internet y la falta de una legislación efectiva contra la piratería en internet, con un proyecto de ley en debate en el Congreso, uno cuyos puntos más polémicos es la propuesta de que todas las empresas de internet tengan que almacenar en el país todos sus datos sobre el tráfico nacional.
