Canarias abre la puerta a la reasignación de género y reproducción de transexuales

El Parlamento aprueba por unanimidad una ley que establece medidas laborales, sanitarias y educativas dirigidas a este colectivo, en especial a los menores

23.10.2014 | 00:21

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad la Ley de no Discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, una normativa que establece un amplia batería de medidas educativas, laborales y sanitarias destinadas a la plena integración de este colectivo en las Islas. Entre las últimas destacan la garantía de que puedan ejercer sus derechos reproductivos dentro de la cartera de servicios de la Seguridad Social, así como la prestación de aquellos tratamientos encaminados a la reasignación de género. Además, se reservan una serie de disposicioness encaminadas a los menores transexuales, un colectivo especialmente vulnerable.

La normativa articula la atención sanitaria del colectivo estableciendo el impulso de dos unidades de identidad de género, correspondientes a cada una de las dos provincias del Archipiélago. Estas unidades definirán el proceso a seguir por cada persona transexual que sea más adecuado a sus circunstancias personales y a su estado de salud. Además, el Sistema Canario de Salud proporcionará los diagnósticos y tratamientos en el marco de los catálogos de prestaciones de la sanidad pública. Víctor Martel, presidente del colectivo Gamá, explicó que con esta disposición se abre la puerta a las prestación pública en Canarias de las distintas intervenciones encaminadas a la resignación de género, pero quiso dejar claro que no se va a producir una avalancha de peticiones. En primer lugar, porque el colectivo no es un colectivo amplio en términos de toda la sociedad canaria, y además, porque "no todos van a requerir todas las intervenciones. Depende de factores como la edad, la condición física y la propia voluntad".

En el ámbito laboral, la ley aprobada ayer establece medidas de discriminación positiva, de forma que dentro de los mecanismos de empleabilidad se favorezca la contratación de empleo estable y de calidad de personas transexuales. También se prevé el diseño de políticas y planes concretos dirigidos al colectivo, muy especialmente a aquellas personas que aún no hayan podido acceder a la rectificación en el Registro Civil de la mención de sexo, pues se hallan en una situación especialmente vulnerable para la inserción laboral.

Las actuaciones educativas buscan la erradicación de actitudes prejuiciosas o discriminatorias. Para eso se establecen una serie de programas de educación y capacitación, así como promover que las universidades canarias incluyan y fomenten en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en orientaciones sexuales, identidades de género y transexualidad. En la ley se establece que el sistema educativo debe garantizar, contra cualquier forma de exclusión social, la protección a estudiantes, personal y docentes transexuales.

Los menores transexuales merecen un tratamiento legislativo diferenciado, algo que valoró de forma muy positiva Víctor Martel. "Cada vez hay más menores que visibilizan su identidad de género como transexual. Se trata de que su proceso esté controlado". Así, en la ley se establece de forma específica el derecho de los menores transexuales a "recibir el oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal durante la etapa prepuberal". Dicho tratamiento se producirá bajo la autorización de quien posea la tutela del menor, pero en caso de negativa de los padres o tutores, podrá ser recurrida ante la autoridad judicial que, en último caso, atenderá al criterio del beneficio del menor. En un marco más amplio, se garantiza el derecho de los menores transexuales a recibir de los poderes públicos canarios la protección y la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes.

La ley prevé el desarrollo en otras normativas de diferentes aspectos que merezcan ser pormenorizados.

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