La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a Ana Isabel C. S. a 36 años y ocho meses de prisión por dos delitos continuados de abusos sexuales, así como dos delitos continuados de utilización de menores en la elaboración de material pornográfico. El tribunal la condena también, una vez haya cumplido la pena de cárcel, a 10 años de libertad vigilada con la prohibición expresa de desempeñar cualquier tipo de actividades educativas, de formación, o de ocio en las que participen menores de edad.

Asimismo, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial han decidido también prohibirle el acercamiento o comunicación con sus hijas menores, víctimas de los de los delitos, por cualquier medio o persona durante los 10 años posteriores a la conclusión de la condena. El tribunal también ha condenado a José Ll. M. a la pena de 38 años de prisión, por los mismos delitos probados, así como a la pena de 10 años de libertad vigilada. Los jueces, además de condenarles al pago de las costas del proceso, les imponen indemnizar de forma solidaria en la cantidad de 50.000 euros para cada una de las dos víctimas menores de edad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso la opinión de tenerife, no es firme y contra ella cabe recurso de casación. Los magistrados absuelven a los dos acusados del resto de penas que pretendía el Ministerio Fiscal, que solicitó en su escrito de acusación que ambos fueran condenados a la suma de 230 años de prisión al considerar que cada uno de ellos era autor de dos delitos de corrupción de menores en la elaboración de material pornográfico; doce delitos de agresiones sexuales a menores de edad y tres delitos agravados de agresión sexual. La Fiscalía solicitaba también la prohibición de acercarse o comunicarse con las menores durante los 20 años posteriores al cumplimiento de la pena de cárcel, así como retirar a la madre la patria potestad.

Los magistrados, por tanto, entienden que los dos condenados son autores de delitos continuados de abusos sexuales y no de delitos tipo que se repetirían, en este caso, hasta en doce ocasiones.

Los hechos, que se enjuiciaron a puerta cerrada el pasado 11 de febrero, ocurrieron en un domicilio de La Cuesta (La Laguna) durante los primeros siete meses de 2012. Durante la vista oral, la procesada reconoció los hechos tal y como los narraba la Fiscalía aceptando, incluso, las penas que el Ministerio Público solicitó que se le impusieran. No fue el caso del otro procesado, un individuo de Murcia que había contactado con la mujer y que la habría inducido a grabar vídeos pornográficos para luego venderlos en internet. Según alegó ella misma en el juicio, el procesado le había prometido "una vida desahogada" con los beneficios obtenidos por los vídeos sexuales que vendieran.

En un primer momento, las grabaciones pornográficas solo tenían como protagonista a Ana Isabel, "que hacía todo lo que José le pedía delante de una webcam instalada en su ordenador". El acusado supo poco después que la mujer tenía dos niñas nacidas en 2004 y 2007 y que convivía con el padre de éstas, aunque no estaban casados. A partir de entonces la convenció para que practicara todo tipo de aberraciones sexuales con las niñas siendo grabadas las escenas con la webcam o con un móvil.

Los vídeos los remitía ella a través de cuentas de correo electrónico o Messenger a las cuentas de su cómplice, quien se encargaría de vender las imágenes a través de internet.

Aquellas promesas de una vida mejor calaron en la acusada , ya que incluso tenía planeado abandonar al padre de las niñas, quien nunca supo lo que ésta hacía con sus propias hijas. De hecho, y por indicaciones del acusado, la madre de las niñas drogó en varias ocasiones al padre de éstas para luego ella practicar sexo con las menores.

Según queda probado, la madre de las niñas realizó todo tipo de prácticas sexuales con ellas a las que trataba de convencer diciéndoles que "había que hacerlo para conseguir muchas cosas buenas". Si ellas se resistían, las amenazaba con pegarles o castigarlas. Ana Isabel declaró que "hacía todo lo que José, el murciano", le pedía y que incluso él le insistía en que humillara a sus hijas y las grabara o, en caso contrario, "cortaba todo contacto con ella".

Entre las pruebas presentadas en el juicio se encuentran los vídeos grabados que Ana Isabel enviaba a José: "dos o tres vídeos cada mes, así como fotografías" que se encontraban en un disco duro.

Cuando Ana Isabel fue detenida -julio de 2012- "colaboró" con los agentes de la Guardia Civil y entregó todo el material. Por ello, el tribunal ha aplicado una atenuante de confesión y colaboración. Los hechos se conocieron cuando Ana Isabel entregó a un conocido suyo, que es técnico informático, uno de sus portátiles para que lo arreglara. Este hombre, que reside en Collado Villalba, pero que dijo que la conocía desde su juventud pues ambos son de Venezuela, denunció ante la Guardia Civil el contenido pornográfico que existía en el disco duro.