El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha abierto una queja de oficio a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, por la situación de los servicios de urgencias hospitalarios, y ha presentado una batería de medidas para implantar o potenciar la mejora de la prestación de este servicio.
La apertura de la queja se produce tras la investigación llevada a cabo sobre la situación de los servicios de urgencias en Canarias, a través del estudio realizado por el Defensor del Pueblo y las defensorías autonómicas denominado Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes'
La publicación de este informe, señala el Diputado del Común, coincide con un período de auge de las incidencias en los servicios de urgencias en Canarias que "ha levantado una considerable preocupación social en las islas por las diversas carencias que han salido a la luz pública".
Fruto de la investigación realizada, Saavedra plantea una batería de medidas encaminadas a mejorar los servicios de urgencias de los hospitales canarios, y reclama también a la consejera que proceda "cuanto antes" a elaborar el Plan de Urgencias, previsto legalmente desde 1994.
Entre las medidas, solicita evaluar el mapa de los servicios de urgencias extrahospitalarios, potenciando su estructura material y de recursos humanos, ampliando el número de centros con actividad 24 horas al día, cuando así se derive del estudio efectuado.
Otra de las medidas propuestas es garantizar la dotación suficiente de las plantillas, en todos los turnos y días de la semana, tanto de médicos de urgencias, como de profesionales de enfermería con experiencia y de trabajo social, al igual que realizar auditorías de estructura y funcionamiento enfocadas a la salvaguarda de la autonomía de la voluntad, dignidad e intimidad de los pacientes, así como las necesidades específicas de cada grupo.
Al mismo tiempo, reclama formalizar protocolos conjuntos de derivación y atención a la patología urgente en los diferentes niveles asistenciales y ejecutar programas de información que estimulen la utilización de servicios de urgencia del ámbito de atención primaria en supuestos de carácter menos grave.
Optimización de camas
Otro aspecto que considera necesario es priorizar la salida de pacientes de los servicios de urgencias una vez finalizada la atención, a través del establecimiento de prioridades orientadas a la optimización de la gestión de camas y la planificación de medidas alternativas a la hospitalización convencional.
Asimismo, propone evaluar la elevada frecuentación en los servicios hospitalarios de urgencias mediante la definición de perfiles de pacientes con enfermedades crónicas, pluripatologías no agudizadas y otros colectivos vulnerables que hacen mayor uso de los mismos, con el fin de adoptar medidas para reconducir su atención hacia otros ámbitos sanitarios más idóneos.
Suprimir las prácticas administrativas con efecto disuasorio, como la emisión prematura de documentos de compromisos de pago o facturas, en la atención que prestan los servicios de urgencias a los inmigrantes en situación documental irregular y establecer los protocolos necesarios de derivación y seguimiento clínico para asegurar la debida continuidad asistencial de estas personas hasta su efectiva alta médica, es otra de las medidas planteadas.
Para el Diputado del Común se debe facilitar la atención y el acompañamiento por familiares o allegados de personas en los servicios de urgencias, especialmente menores de edad, mayores con déficit cognitivo y personas con enfermedad mental o grave discapacidad.
Además, considera necesario elaborar una estrategia en materia de seguridad de los pacientes de urgencias e impulsar la periódica actualización de los protocolos o guías clínicas de aplicación en los servicios de urgencias, evaluando regularmente la adherencia de los profesionales a estos instrumentos.
Ve también necesario que los servicios de urgencia se sometan a procesos de acreditación de calidad o, al menos, introducir medidas que incentiven tal objetivo; así como incorporar la opinión de los pacientes a través de sus entidades representativas.
Y, por último, propone adaptar los procedimientos de gestión y resolución de reclamaciones y sugerencias para incorporar la participación de pacientes y profesionales implicados, eliminar fórmulas estandarizadas de respuesta y promover el uso de un lenguaje comprensible para el ciudadano medio.
