20 de marzo de 2015
20.03.2015

Hacienda detecta irregularidades en Visocan por 1,1 millones de euros

La empresa pública recurre la decisión del fisco ante el Tribunal Económico Administrativo - La mercantil debe abonar además una sanción de 256.754 euros

20.03.2015 | 02:42
Hacienda detecta irregularidades en Visocan por 1,1 millones de euros

La inspección fiscal sobre el Impuesto de Sociedades desarrollada por Hacienda en el año 2013 en la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (Visocan) detectó irregularidades por valor de 1,1 millones de euros. La gerencia de la sociedad mercantil asegura que dicha disconformidad, por una presunta mala aplicación de las deducciones por inversión, responde a un cambio de criterio de los funcionarios de la Agencia Tributaria, por lo que ha recurrido la resolución ante el Tribunal Económico Administrativo.

Así lo recoge el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2013 remitido por la Audiencia de Cuentas de las Islas al Parlamento regional en los últimos días del año recién finalizado. Según el gerente de Visocan, Víctor González, la visita realizada por los funcionarios del fisco estatal no tenía por objeto la realización de una inspección, sino que esta se produjo de manera sobrevenida. "Por eso no pudimos defendernos sino prácticamente al final", señaló, cuando ya el acta estaba cerrada.

Las diferencias estriban en la aplicación de las deducciones sobre las inversiones afrontadas por la empresa pública dependiente de la Consejería de Vivienda, Cultura, Deportes y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. González afirma que en todos los ejercicios se había optado por imputar esos descuentos fiscales en el momento en que se "entrega la obra", mientras que en esta ocasión los inspectores, que revisaron el periodo 2009-2011, estimaron que era necesario aplicar las deducciones de manera anual, "con cada certificación".

Criterios encontrados

"Si trasladamos dos años atrás las inversiones, perdemos las deducciones", afirma el gerente de Visocan, que no estaba al frente de la mercantil pública en el periodo analizado y que utiliza un ejemplo para dar solidez a su argumento: "Si un edificio de viviendas no está terminado, no es posible hacer uso de él, por lo que no es lógico aplicar deducciones por inversión", detalla. En otras palabras, la discusión se centra en la diferencia entre el momento de afrontar un desembolso el de la materialización de la inversión en un producto tangible.

Según su relato, la Agencia Tributaria lo había entendido del mismo modo hasta la inspección del año 2013. "Es un cambio de criterio que no aceptamos y vamos a intentar llegar hasta el final", advierte el gerente de Visocan. el significado de sus palabras es que no se detendrá ante la resolución que emita el Tribunal Económico Administrativo, "que por regla general suele fallar en contra del contribuyente".

Si en este caso también obtuviera la razón Hacienda, la empresa pública presentará "un recurso contencioso-administrativo". Víctor González se muestra convencido de que los tribunales terminarán dando la razón a la empresa canaria, pero mientras llega ese momento, esta debe abonar de manera fraccionada el pago de los 1,1 millones de euros. "Ahora ni siquiera se puede depositar un aval, pero cuando ganemos nos lo tendrán que devolver junto a los intereses", afirma.

De lo que no va a librarse la empresa pública es del pago de una sanción de 256.754 euros por una mala gestión de las cuentas cometida también entre 2009 y 2011 que, en esta ocasión, sí admite el gerente. La inspección levantó el acta de infracción porque se incluyó entre las inversiones con derecho a deducción el valor del suelo adquirido para la construcción de viviendas. "En eso la norma es clara. Es un error que cometieron quienes estaban y que ahora tenemos que arreglar", señala.

El informe de la Audiencia de Cuentas recoge además el daño patrimonial que sufrió durante 2013 Visocan por los "contratos de permuta financiera (swaps)" que mantiene vivos. Solo en ese ejercicio el coste se elevó a 1,1 millones de euros, por lo que estos productos de alto riesgo le han supuesto a la mercantil pérdidas por 3,2 millones de euros desde el año 2004, cuando se formalizó el primero de los contratos.

A pesar de ello, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias afirma que todas las empresas públicas se mantienen dentro de los parámetros establecidos en los planes de viabilidad que cada una de ellas elaboró y que tenían como objetivo principal el equilibrio de sus cuentas.

Fuentes del departamento que dirige Javier González Ortiz señalan que en 2014 se redujeron las aportaciones y encomiendas a las empresas públicas por valor de 200 millones de euros y, en el mismo periodo, el presupuesto de estas ha menguado en torno al 53%.

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