Las comunidades autónomas han dado hoy el visto bueno definitivo, por unanimidad, al Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, que comenzará a aplicarse el próximo 1 de abril, y que pretende tratar con los nuevos fármacos a todos los pacientes a los que los médicos se los hayan prescrito.
Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que ha precisado que las autonomías se reunirán el próximo 20 de abril con el Ministerio de Hacienda para gestionar la financiación de estos nuevos tratamientos.
A esta propuesta de financiación, a diez años, planteada por el Gobierno para tratar a casi 52.000 pacientes con un coste total de 727 millones, se sumarán todas las comunidades, excepto el País Vasco, que por el momento ha rechazado beneficiarse de este crédito a coste cero el primer año, aunque ha solicitado un encuentro con el departamento de Cristóbal Montoro.
Alonso ha asegurado que los comités evaluadores de las comunidades que autorizan los tratamientos están desapareciendo puesto que el plan contempla que sean exclusivamente los médicos los que decidan qué enfermos reciben los nuevos fármacos que estarán disponibles desde el 1 de abril con precios más bajos tras la negociación de Sanidad con los laboratorios.
El ministro no ha podido concretar si los cerca de 52.000 pacientes con un fibrosis hepática avanzada -a partir de F2- van a poder ser tratados este año con los nuevos fármacos, cuyo coste descenderá en función de un "tramo poblacional", es decir, del número de unidades que se vayan comprando.
Algunas comunidades han mostrado reticencias sobre este aspecto y Andalucía, por ejemplo, ha propuesto que se establezcan tramos autonómicos y no poblacionales para establecer rebajas en los precios de los fármacos.
El ministro ha subrayado que si no se tratan a todos los pacientes no será por un problema económico, sino de cómo se gestiona, debido al volumen de pacientes diagnosticados.
El coste de los fármacos se ha podido reducir por una mayor competencia entre los laboratorios al existir más fármacos innovadores, y por el volumen de pacientes -cuantos más enfermos que tratar menor será el coste-.
En el acuerdo con las farmacéuticas se ha contemplado además un riesgo compartido y así si a un paciente se le tiene que repetir el tratamiento, el coste de este nuevo será asumido por los laboratorios.
El Consejo también ha abordado, tras la crisis del ébola, la puesta en marcha de una bolsa formada por profesionales sanitarios, llamados "cascos blancos", interesados en participar en las tareas de control de las emergencias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Así, "el Estado podrá disponer de ellos y movilizarlos en un periodo de tiempo inmediato y tendrán garantizado sus derechos desde un punto de vista laboral y estatutario", ha explicado Alonso.
