Cuando se produce una parada cardíaca, cada segundo es vital. En ese momento empieza una cuenta atrás en el que las posibilidades de reanimación van disminuyendo progresivamente. Por este motivo a partir de ahora los centros educativos grancanarios con alumnado con cierto grado de riesgo de sufrir muerte súbita dispondrán de desfibriladores.
El vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, y el presidente de la Fundación Canaria Umiaya para la Atención de la Muerte Súbita, Carmelo Pérez, firmaron ayer el convenio de colaboración por el que 19 colegios e institutos de Gran Canaria instalarán estos aparatos de última generación dirigidos a salvar vidas.
Los desfibriladores protegerán a 22 niños, de entre tres y 17 años, que padecen taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, causada por una mutación genética que se calcula que afecta a unos 200 grancanarios.
La investigación sobre este problema cardiaco empezó en Gran Canaria hace 20 años después de que se sucedieran varias muertes súbitas entre jóvenes de una misma familia. Fue entonces cuando el cardiólogo Fernando Wangüemert comenzó a indagar sobre la vinculación de estos fallecimientos concentrados en San Bartolomé.
Wangüemert recordó ayer, en la presentación de estos desfibriladores, que se trata de una enfermedad genética difícil de detec-tar porque las pruebas del corazón salen completamente normales. "El problema es que cuando el corazón se estresa puede dar lugar a arritmias y que se acelere tanto que se pare", explicó este especialista, director del centro médico Cardiavant de la capital grancanaria.
Junto a este cardiólogo, se puso a investigar el árbol genealógico de los afectados Carmelo Pérez, que finalmente concluyó que todos tenían en común un antepasado varón llegado de la Península sobre el año 1700 que trajo esta mutación. Tras este hallazgo fueron estudiados 1.400 individuos, de los que 200 padecen esta mutación y reciben un tratamiento para evitar que padezcan complicaciones.
"Venimos soñando desde hace años con que los niños grancanarios afectados estuvieran cardioprotegidos y por fin hoy [por ayer] lo conseguimos", dijo ayer Carmelo Pérez, presidente de Umiaya. Estos menores también siguen un tratamiento y tienen determinado qué actividades pueden hacer, pero un incidente de estas características puedesobrevenir en cualquier momento.
Instalar estos aparatos en los centros educativos no ha sido tarea fácil, ya que, pese a que su funcionamiento es sencillo, es necesaria una formación previa. De este aspecto se encarga la Consejería de Educación que acredita y forma en el uso de estos aparatos a un profesor por centro, paga su seguro y abona el servicio de mantenimiento del desfibrilador para garantizar su correcto funcionamiento. Esta formación continuará, ya que la idea es que haya al menos dos profesores por colegio los que conozcan su manejo.
Una vez que el desfibrilador semiautomático externo no sea necesario en el centro, se devolve- rá a la Fundación Canaria Umiaya que cuenta con la colabora-ción de La Caixa. La fundación, por su parte, se compromete a aportar un informe médico que acredite la necesidad de utilizar el aparato, así como colaborar con el Consejo Escolar para desarrollar el protocolo de intervención y uso del desfibrilador, cuya finalidad es restablecer un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente.
"En caso de parada cardiaca en estos alumnos es mejor utilizar el desfibrilador que no hacer nada", expuso Wangüemert que insistió en que los diez primeros minutos "son claves", por lo que "es una enorme satisfacción" que los centros cuenten con desfibriladores. "Esta medida hace entender la importancia de las patologías cardíacas, que son la principal causa de muerte", añadió el cardiólogo.
Sin embargo, Wangüemert explicó que sólo el 10 por ciento de los fallecimientos por muerte súbita corresponden a jóvenes y que suele estar producida por cuatro grandes enfermedades genéticas: la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, el síndrome de Brugada, el síndrome QT largo y el síndrome QT corto.
Estos aparatos cuestan en el mercado entre 1.500 y 2.000 euros, por lo que el consejero de Educación dijo ayer que era inviable ampliar su instalación a todos los centros canarios.
