Canarias ha logrado desligarse, a medias, del vagón de cola en atención a las personas dependientes, según se desprende del informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales que evalúa la implantación de la ley. Sin embargo, en el mismo documento se alerta de que el avance en los puestos protagonizado por el Archipiélago se produce después de "la sorprendente incorporación a la estadística oficial de más de 9.000 ayudas a domicilio en enero de 2015".
Este aumento repentino ha provocado que el Gobierno de Canarias inicie una investigación interna al apreciar "irregularidades" en las cifras, que se modificaron al término del año pasado y que suponen que, según los datos barajados por la Asociación, en las Islas se haya ampliado en más de un 85% en un año, al pasar de 12.085 a 22.433 en un año.
Ante ello, la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, ha ordenado una investigación interna sobre los datos de las personas acogidas al sistema de dependencia al detectarse posibles irregularidades en el número de personas contabilizadas como atendidas cuando lo que recibían era una ayuda municipal domiciliaria a finales del pasado año, cuando la consejera responsable del área era la nacionalista Inés Rojas.
Al respecto, la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, manifestó que la gestión socialista al frente de este departamento supondrá un nuevo periodo de gestión de la dependencia y aseguró que en ningún caso se alterará la cifra de personas atendidas por el sistema de dependencia.
Se da la circunstancia que del tipo de prestación regulada en la normativa, la que registra un mayor número de usuarios canarios atendidos en los últimos 12 meses precisamente la ayuda a domicilio, con 8.603. Del total de 10.973 atenciones en el último año, 887 se derivaron a centros de día, 877 a prestación económica vinculada al cuidado de familiares y 708 en residencias.
El informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales refleja que en concreto, el aumento se produce en mayor medida en los servicios a dependientes por parte de la Administración, con un 171% más, al pasar de apenas 6.466 a 17.552. Sin embargo, se reduce el número de atendidos con prestación a cargo de cuidados familiares, que cae de 5.619 a 5.511.
En el aspecto que el Archipiélago sigue en el farolillo rojo de gestión de la Ley de Dependencia es en el gasto público, ya que según el documento, las Islas es la región que menos destina por habitante a los servicios contemplados en la norma, con 39,4 euros, cantidad muy por debajo de la media estatal situada en 104,49.
En concreto, el sistema de atención a la dependencia supone en las Islas un coste de 113.570.326 euros, del que el 74% parte de las arcas de la comunidad autónoma. Sin embargo, la media por habitante nunca ha estado por encima de los 40 euros y respecto al ejercicio anterior se mantiene estable (en 2013 el gasto público por ciudadano se fijaba en 39,08 euros).
2.000, a la espera
Entre los datos destaca a su vez que un total de 2.121 pacientes valorados como dependientes están esperando la prestación a la que tienen derecho. Al respecto, según las cifras que baraja la Asociación, a fecha de 30 de junio, las personas con derecho a recibir la prestación por dependencia en el Archipiélago ascendía a 24.554 sin embargo los realmente atendidos eran realmente 22.443.
Además, aún hay otros 6.350 isleños que han presentado la solicitud correspondiente pero que se encuentran esperando la valoración de su situación por parte de los servicios del el Gobierno de Canarias. En total, las solicitudes recibidas hasta el pasado 30 de junio ascienden a 41.228, lo que implica un 1,5% más que apenas hace un año.
Con los datos del Sistema de Información del Imserso a 30 de junio, el dictamen recuerda que hay 1.191.406 personas en situación de dependencia reconocida; es decir, 25 de cada mil españoles necesitan apoyos para realizar las actividades básicas de la vida diaria en mayor o en menor medida. Casi cuatro de cada diez de ellos, el 37 %, están esperando prestaciones o servicios a los que tienen derecho.
