Se había comprometido al diálogo con las comunidades autónomas pero en su primera reunión con las comunidades autónomas el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo ha dado carpetazo a las expectativas de doce gobiernos regionales de paralizar la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). "Nos ha dado un no rotundo", lamentó la consejera canaria del área, Soledad Monzón, al término de la Conferencia Sectorial.

La normativa fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular y a pesar de los votos en contra del resto de formaciones políticas y de la contestación social generalizada. Desde el proceso de debate de la norma, el Gobierno de Canarias ha estado en contra del articulado pero tal y como recordó ayer Monzón, después de las elecciones del pasado mes de mayo "hay un nuevo mapa político que aumenta las comunidades contrarias de cuatro a doce". Ni así lograron convencer a Méndez de Vigo para frenar la Ley.

Monzón admitió su "decepción" y lamentó tener que trabajar ahora para aplicar una norma de la que ya se ha dicho "que será derogada desde que haya un cambio de signo político en el gobierno estatal". De hecho, la consejera canaria de Educación insistió tanto en la reunión previa con los doce antiLomce como en la Conferencia Sectorial de la "necesidad e importancia" de aprobar una ley educativa "desde el consenso".

"Hablar de calidad escolar y modificar la norma cada vez que se cambia el Gobierno es hacer el ridículo", sentenció la responsable del sistema escolar de las Islas, quien abogó por impulsar un pacto estatal "rescatando lo bueno que pueda tener la norma y desechando todo lo malo".

Además, Soledad Monzón explicó que la flexibilidad a la que alude el ministro Méndez de Vigo solo se dejó ver en la segunda de las importantes reivindicaciones que plantearon los gobiernos contrarios a la norma: la aprobación de los decretos que regulan las evaluaciones finales al término de cada ciclo.

Al respecto, la consejera recordó que estaban pendientes de aprobar por el consejo de ministros los criterios correspondientes a Primaria, Educación Secundaria y Bachiller, "pero Méndez de Vigo ha aceptado sacar ahora adelante solo el primero y retrasar los otros dos". Sin embargo, esta flexibilidad no es tanta puesto que tal y como puntualiza Monzón "en cualquier caso, las evaluaciones de Secundaria y Bachiller no se iban a implantar todavía, ya que su puesta en marcha estaba ya inicialmente prevista para el curso 2016/17".

Precisamente, el arranque del año escolar el próximo mes de septiembre era una de las principales preocupaciones tanto de los gobierno autónomos como de la comunidad educativa. En ese sentido, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias explicó que "el anterior equipo había adelantado algo de trabajo pero no se había aprobado a la espera de que hubiera novedades con la ley".

Al encontrarse con la negativa ministerial, tanto Canarias como el resto de regiones tendrán que trabajar a marchas forzadas para garantizar que en menos de un mes los centros inicien el curso y apliquen la Lomce. Soledad Monzón informó de que su departamento tiene los decretos reguladores con informe del Consejo Consultivo por lo que confió en su aprobación este mismo mes. "Además, los contenidos curriculares están disponibles en la web para que los docentes puedan consultarlos y preparar sus programaciones", concluyó.

En la batalla ante la que se conoce como Ley Wert, Canarias ha estado acompañada desde el principio por Asturias, Cataluña y Andalucía. Las 12 regiones antiLomce se completan ahora con Aragón, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.