"En ningún momento se ha amenazado a ninguna comunidad, se ha constatado un hecho", ha manifestado a a Efe el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, negando que exista presión alguna hacias las comunidades. Según dijo ayer Moreno, el problema radica en cómo las comunidades elaboran sus respectivas normas, porque una tarjeta sanitaria "genera una serie de derechos en los países de la UE", y si las regulaciones contemplan a los irregulares pero no a los ciudadanos comunitarios que residen en España desde hace más de tres meses y que ya no disponen de seguro en sus países de origen, estos últimos podrían "sentirse discriminados".
