Canarias seguirá adelante con los trámites para devolver la universalidad a la sanidad a las personas que residen en las Islas con la máxima seguridad jurídica, aseguró ayer el consejero regional del área, Jesús Morera. El consejero canario de Sanidad "no entiende los reparos que ahora anuncia el Estado, después de que el Consejo de Europa alertara a España de que con la restricción de la atención se incumplen numerosos convenios internacionales", según manifestó ayer en un comunicado. A juicio de Morera, "el Gobierno del Estado está tratando de amedrentar a las comunidades autónomas para que desistan de esta idea, no se sabe muy bien con qué finalidad".
El consejero cree que constituyen una "auténtica amenaza" las declaraciones del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en las que avisó de que el Estado podrá multar a las comunidades autónomas que reconozcan este derecho a las personas en situación irregular y recordó que "en Canarias se hará dentro de las competencias que tiene el Gobierno autonómico, por lo que no hay razón para pensar que se produzca ninguna vulneración que pueda tener recorrido jurídico".
Morera considera una "salida de tono" la postura de la Abogacía del Estado, después de que el Consejo de Europa "diera en enero un tirón de orejas" al Gobierno español, "dictaminando que el Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones no es compatible con numerosos convenios internacionales suscritos por España".
Otras comunidades autónomas también han reaccionado a este pronunciamiento. Así, el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, ha considerado que las "amenazas" del Ejecutivo "están fuera de lugar", al igual que el de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, quien ha opinado que "están fuera de lugar" y que en su comunidad la mayoría de los inmigrantes ya están siendo atendidos.
Desde la Generalitat Valenciana, que aprobó en julio la asistencia universal para los que irregulares empadronados desde hace más de tres meses, su vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, ha insistido en que recuperar la sanidad universal es una cuestión de "sentido común" y de "derechos humanos". La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, comunidad que aprobó el pasado lunes una orden que garantiza la prestación sanitaria a los irregulares empadronados con una antigüedad de tres meses, ya ha avisado que "no tolerará" amenazas del Gobierno de Rajoy .
Baleares, otra de las autonomías que ha restituido el derecho a los 'sin papeles', ha considerado "inaceptable" la advertencia del Ministerio y su consejera de Salud ha dicho estar orgullosa de haber devuelto ya 600 tarjetas sanitarias.
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha manifestado al respecto para anunciar que entregará en los próximos meses a los inmigrantes sin papeles un documento para que puedan recibir atención primaria y especializada que no podrá emplearse fuera de la región.
Algo similar a lo que hará Madrid, ya lo hace Galicia que desde agosto de 2012 atiende a 'sin papeles' con el requisito de estar empadronados seis meses si bien tampoco les concedió la tarjeta sanitaria sino un documento del Servicio Gallego de Salud.
Fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla y León han descartado que el aviso de Sanidad vaya a tener efecto. Regiones como Extremadura, La Rioja, Andalucía y Navarra seguirán prestando esta asistencia sanitaria.
