El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, propondrá a las comunidades autónomas la creación de un registro nacional de inmigrantes en situación irregular que facilite un "documento", distinto a la tarjeta sanitaria, para que este colectivo reciba asistencia. El Ministerio de Sanidad anunció ayer esta medida en una nota de prensa después de que Alonso, en los pasillos del Congreso, explicara que el 2 de septiembre ha convocado a las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud para "seguir trabajando en un consenso en base al acuerdo que ya se ha trabajado y en el que se avanzó con los anteriores consejeros".
"El Gobierno quiere armonizar la asistencia sanitaria que ofrecen las comunidades autónomas y establecer un control", según Sanidad. Se busca "ultimar una solución seria y consensuada en relación a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular" sin volver "al turismo sanitario".
En relación al acuerdo, el ministro ha avanzado que las personas en situación irregular deberán acreditar una situación de empadronamiento, los servicios sociales tendrán que determinar en qué situación está y a partir de ahí formarán parte de un registro con el que podrán obtener un documento para recibir esa asistencia.
Un documento que "en ningún caso puede ser una tarjeta sanitaria", según Alonso. El ministro recalcó que esa asistencia sanitaria será por atención Primaria, pues es lo "adecuado" según el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Alonso ha recordado que la reforma sanitaria que se hizo en 2012 permitió por primera vez que los españoles que no tenían la tarjeta sanitaria por ser parados de larga duración o profesionales de larga duración la consiguieran.
Esta reforma "mejoró la situación", según el ministro, ya que hoy hay 800.000 tarjetas más que en 2012 y "vino a corregir" el "descontrol" del turismo sanitario que suponía un coste de unos mil millones de euros al año. Sobre su propuesta de registro, Alonso ha indicado que el objetivo es "establecer cuál es el canal de acceso" para los "sin papeles" y asegurar que no tengan una tarjeta sanitaria que les pueda dar unos "derechos" en Europa que abrirían la puerta a personas que no han de tenerla.
Por otra parte, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que integra a veintiséis organizaciones estatales, instó ayer al Gobierno a elaborar una normativa específica para garantizar la atención de los pacientes en cualquier comunidad autónoma, cuando no puedan recibir asistencia en su lugar de residencia, sin restricciones presupuestarias.
Esta entidad ha lamentado la decisión del Gobierno de suprimir en los Presupuestos del Estado del próximo año el Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria. Ambos fondos deben de garantizar que cualquier ciudadano que no tenga acceso en su autonomía a un especialista o tratamiento lo pueda recibir en otra, pero no cuentan con "un respaldo firme" en las cuentas para el próximo ejercicio, han señalado desde la Plataforma.
