El Gobierno canario reiteró ayer su rechazo frontal al proyecto del Ministerio de Sanidad de crear un registro de inmigrantes irregulares para reintegrarles en el sistema de salud pública, porque "va por detrás de la realidad" y "criminalizaría a un colectivo ya de por sí vulnerable". El Ejecutivo canario, que conforman CC y PSOE, mantiene su propósito de devolver las tarjetas sanitarias retiradas en 2012 a los "sin papeles" pese al proyecto dado a conocer el pasado martes por el Ministerio que, desde su punto de vista, "aumentaría las condiciones de desigualdad" entre usuarios del sistema, según manifestó a Efe el director general de Salud Pública, Ricardo Redondas (PSOE).
A juicio de Redondas, tal como se han posicionado respecto a la atención sanitaria a este colectivo el consejero de Sanidad, Jesús Morera, y el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Roberto Moreno, "son muchos los inconvenientes que crearía" la propuesta que el Gobierno central trasladará oficialmente a las comunidades el 2 de septiembre, porque "no solo establecería diferencias entre ciudadanos de primera, con tarjeta sanitaria, y de segunda, sin ella", sino que también incrementaría las dificultades y los costes de devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes.
La creación del citado registro requeriría la habilitación de infraestructuras y la dotación de personal, así como desarrollar un nuevo tipo de documento que acreditara el derecho de estas personas a recibir atención médica distinto a la tarjeta sanitaria habitual, lo que haría aumentar el gasto público y los plazos conducentes a ese objetivo, según las previsiones que maneja la Consejería de Sanidad. "Es mucho más sencillo, barato y eficiente normalizar la atención sanitaria que se presta a los inmigrantes que crear un sistema alternativo y destinado, además, solo a un grupo relativamente pequeño de la población", ha sentenciado.
Redondas ha reiterado que el Gobierno de Canarias mantiene su propósito de devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes pese a la negativa del Ministerio, del que ha dicho que con propuestas como la de ayer solo busca "salir al paso de las acciones de las comunidades autónomas" que se le han adelantado en esta materia.
En su opinión, el Gobierno del PP podría evitar esta situación si se aviniera a "derogar el real decreto de 2012 que expulsó a los inmigrantes irregulares de la sanidad pública", a lo cual "se resiste", a su entender, solo por motivos partidistas. Redondas cree que esos motivos son también la causa de que el Ministerio de Sanidad "insista en tratar de confundir relacionando ese real decreto con el turismo sanitario, cuando es una norma que afecta a unos colectivos que no tienen nada que ver con el turismo sanitario", ha afirmado.
Además de Canarias, ayer otras comunidades, incluída Madrid que gobierna el PP, se posicionaron en contra de restringir la asistencia a los inmigrantes que propone el Gibierno central con el argumento de poner freno al turismo sanitario. Mientras Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha rechazaron el registro y un documento alternativo a la tarjeta sanitaria, en Castilla y Leó n se está de acuerdo con el censo. Una medida "razonable", según su consejero de Sanidad, Antonio María Saez.
Por su parte, la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, aseguró ayer que la norma por la que se ordenó a los centros sanitarios prestar a los inmigrantes irregulares toda la atención incluida en el Servicio Nacional de Salud es "provisional", y que habrá una nueva en el plazo de uno o dos meses.
Devolver la tarjeta
De otro lado, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) se mostró ayer en contra de la propuesta de un registro nacional de inmigrantes, y ha pedido al ministro Alfonso Alonso que les devuelva la tarjeta sanitaria. La vicepresidenta de Semfyc, María Fernández, ha criticado, en declaraciones a Efe, el argumento del ministro de que con su propuesta se busca "ultimar una solución seria y consensuada en relación a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular" sin volver "al turismo sanitario". Además, Fernández ha negado que se hayan gastado "millones de euros" en ese "turismo sanitario".
