Como representante de los universitarios canarios, ¿cuál es su principal crítica hacia la política educativa actual en el sistema universitario de Canarias?
Actualmente, mi crítica principal se basa en dos puntos: las becas y las tasas. Si bien es verdad que, en materia de becas, el esfuerzo de la comunidad autónoma en estos años ha sido importante para suplir la falta de becas del Ministerio de Educación en Canarias, creo que no puede aceptarse que un estudiante reciba su beca en julio. La finalidad de una beca es cubrir un curso académico que dura de septiembre a julio y ésta debe ingresarse cuanto antes para poder subsistir durante el curso, porque son muchos los canarios que no tienen recursos y que se ven abocados a pedir préstamos a familiares o amigos o, en último caso, a no poder estudiar. En cuanto a las tasas, creo que el Gobierno de Canarias, que las ha congelado en los dos últimos años, debería replantearse efectuar una bajada, sobre todo, en las tasas públicas para los másters habilitantes y en las tasas de la estructura de teleformación.
¿Cuál es la situación actual de los nuevas estructuras de teleformación en la ULPGC?
El Gobierno de Canarias debería apostar más por la estructura de teleformación de la Universidad destinando partidas presupuestarias a la ULPGC para que no sean los estudiantes quienes tengan que sostenerla, como sucede hoy en día. Los estudiantes pagan 23 euros más por crédito que un estudiante que acude a la enseñanza presencial, cuando lo lógico es que esta última sea más costosa por los gastos adicionales que conlleva. En el caso de los másters habilitantes, lo ilustraré con un ejemplo: en Andalucía, un máster habilitante de acceso a la abogacía para los graduados en Derecho cuesta 13 euros por crédito, mientras que en Canarias asciende a unos 26 euros. Estamos hablando del doble y, a veces, de más del doble.
¿Cree viable la implantación de unas becas específicas para la obtención del nivel de idiomas que se requiere ahora para obtener el título universitario?
Nosotros solicitamos al Gobierno de Canarias que apueste por implantar becas para adquirir el nivel de idiomas B1 que la comunidad autónoma impone para obtener el título de grado, al igual que se impone tener una titulación B2 para el título de posgrado. Sin embargo, no se da ninguna ayuda a los estudiantes para que puedan obtener ese título, cuando estamos hablando de un precio que ronda los 400 o 500 euros para sufragar los gastos de una academia privada o del Aula de Idiomas de la ULPGC.
Canarias se encuentra a la cola de España en términos de rendimiento académico. ¿A qué atribuye este bajo posicionamiento en el ránking nacional?
Creo que se debe, sobre todo, a la financiación de las universidades. El Gobierno de Canarias debería apostar por una financiación que coloque a nuestras universidades canarias entre las punteras en España o, al menos, en ese camino. Lógicamente, eso se consigue con una mayor financiación, formación y medios para la investigación, así como fomentando una calidad educativa y docente. También en este aspecto, el Gobierno de Canarias debe apostar por equiparar la financiación entre la ULL y la ULPGC, que nos perjudica gravemente a los estudiantes porque la ULL, con menos estudiantes, está recibiendo más dinero por alumno que la ULPGC. Y esa cantidad puede revertir en un mayor equipamiento informático, nuevo mobiliario y mayor contratación de profesores, entre otros aspectos.
Defiende la implantación del Distrito Único Universitario de Canarias. ¿Cómo promovería esta iniciativa un cambio real en la educación superior?
Efectivamente, lo hemos reivindicado en numerosas ocasiones. Al contrario que muchas otras comunidades autónomas, Canarias tiene sólo dos universidades públicas y no hemos sido capaces de poner en marcha el Distrito Único Universitario que, además, ya está aprobado, por lo que sólo habría que ponerlo en marcha. Actualmente, existe un decreto del Gobierno de Canarias de 1993 en el que se crea el Distrito Único Universitario, pero que nunca se ha puesto en marcha. ¿Qué conseguiríamos con ello? Pues poner fin a la duplicidad en las preinscripciones para empezar en la universidad, por ejemplo, porque si un estudiante quiere prematricularse en una carrera en la ULL y en otra en la ULPGC, tiene que hacer dos preinscripciones en dos universidades diferentes. Creo que, además, tendríamos que encaminarnos hacia un distrito abierto en el que no importe el lugar de procedencia o residencia, sino que todos seamos canarios y podamos acceder en las mismas condiciones a cualquier titulación de ambas universidades canarias. Esto se intentó hacer en la pasada legislatura y todo quedó sobre la mesa, lo cual fue un fracaso del mandato anterior porque era un compromiso que se había adquirido, así que espero que se saque adelante en este mandato.
Además de la necesidad de fortalecer el sistema público universitario, ¿qué hay de esa red creciente de universidades privadas en Canarias?
En el mapa universitario canario vemos cómo se van creando recientemente nuevas universidades privadas. Muchas personas y partidos políticos hablaban de que ya dos universidades públicas era un exceso y que había que centralizarlas y, sin embargo, vemos cómo cada día tenemos más centros universitarios privados. Lógicamente, este hecho irrita al estudiantado en casos como al impedir desde el Consejo Universitario de Canarias, en la pasada legislatura, que la ULPGC pusiera en marcha el Grado en Psicología, alegando que ya lo impartía la ULL; cuando una universidad privada en Tenerife va a impartir ahora el Grado en Arquitectura, que ya se imparte en la ULPGC. Lo que quiero decir con esto es que o jugamos todos con las mismas cartas, o rompemos la baraja. Si a una universidad pública canaria no se le permite impartir un título universitario que se imparta en otra universidad pública canaria, no se debe permitir a las universidades privadas hacernos la competencia.
¿Es positiva la implantación de tantos centros universitarios privados en Canarias?
Sólo hay que darse un paseo por algunas de las universidades privadas de Canarias y ver cómo ni se ha contratado a tanta gente, ni hay tantos estudiantes, ni se ha creado tanta riqueza como decían. Si el argumento para aceptar la implantación de universidades privadas es que van a cumplir todos esos objetivos y que van a revertir en Canarias, la realidad es que no lo cumple casi ninguna. El paso lógico sería fiscalizar más esos compromisos que adquieren las universidades privadas porque lo que se imparten en ellas, aunque no esté en el ámbito público, afecta, en última instancia, a la calidad educativa de nuestra comunidad autónoma.
¿Planea reunirse con las autoridades para demandar este conjunto de acciones para "un cambio real en la educación"?
A finales de julio envié una carta como representante de los estudiantes de la ULPGC a Soledad Monzón, consejera de Educación del Gobierno canario; a Miguel Montero, consejero de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria; y a Augusto Hidalgo, alcalde capitalino. Ya nos reunimos con Montero y el alcalde nos ha dado cita para el dos de septiembre. La consejera de Educación no nos ha contestado pero, por mi parte, espero que tengan en cuenta que la Universidad no son sólo ni los rectores, ni los centros de investigación, ni los docentes; sino que tiene un colectivo mayoritario, que somos los estudiantes. Y es importante que se nos escuche porque conocemos bien la universidad desde hace años y demandamos que se cumpla con los compromisos que firmaron tanto Coalición Canaria como el PSOE antes de las elecciones en el pacto de Vota por la educación. Lo plantaremos en las próximas reuniones para que se defina una hoja de ruta que aborde esos 20 compromisos que, sobre todo, en materia de tasas y becas nos afectan durante el curso y que, por desgracia, ya habrá que dejar para el curso que viene, porque este año no se efectuaron.
