Canarias trasladará hoy al Ministerio de Sanidad y al resto de comunidades autónomas la "supresión total" del Real Decreto Ley 16/2012 que excluye del sistema sanitario a los inmigrantes en situación administrativa irregular. Así lo afirmó ayer el director general de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, Bernardo Macías, que acude este miércoles a la reunión de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud, que se celebra en Madrid, a partir de las 9.30 horas.
El objetivo de esta reunión técnica es llegar a un acuerdo entre las comunidades autónomas para devolver el acceso a la asistencia sanitaria a extranjeros no registrados ni autorizados como residentes, con residencia efectiva y sin recursos económicos. "Canarias defenderá la supresión completa del real decreto para que España vuelva a tener una sanidad pública universal y de calidad, y todos los ciudadanos tengan acceso a una atención sanitaria normalizada y en condiciones de igualdad", declara Macías, quien añade que "esto no debe coger por sorpresa a Madrid", puesto que "ya se exigió formalmente en la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el pasado 29 de julio, por parte del consejero de Sanidad, Jesús Morera". "Lo que vamos a hacer es reiterarnos", afirma. Además, Macías sostiene que "Canarias no se va a parar y, si el Gobierno central no arbitra un mecanismo similar a la tarjeta sanitaria en los próximos meses, pondremos nuestros propios mecanismos, eso sí, siempre dentro de la Ley, pero que nos permita acercarnos a lo que teníamos antes; esto es, la universalización", subraya, toda vez que recuerda que este es el juicio de "la mayoría de las comunidades autónomas".
El Ejecutivo canario también mantiene su rechazo al proyecto del Ministerio de Sanidad de crear un registro de inmigrantes en situación administrativa irregular para su reincorporación al sistema de salud pública. Tras el "no" tajante de la mayoría de las comunidades, Macías se reafirma en que promover esta medida es alzar "una "barrera", que generaría "una gran desconfianza" y "es en cierta medida, xenófoba", dado que "pone de manifiesto lo que el real decreto ya evidenciaba: que hay una población de primera y una población de segunda". En su opinión, "la puesta en marcha de un registro por cada comunidad autónoma es un planteamiento ineficiente, que generaría costes administrativos notables y al fin y al cabo, consistiría en establecer un sistema paralelo a algo que ya está en funcionamiento, que es la tarjeta sanitaria, y que funciona perfectamente".
El responsable de Programas Asistenciales recuerda que la decisión de privar de asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular en España ha obedecido a "razones exclusivamente económicas, nunca de salud pública". Sin embargo, tres años después de su puesta en marcha, el Ministerio de Sanidad nunca ha aportado cifras sobre el supuesto ahorro que habría comportado esta medida. "No hay ningún dato que justifique la medida como correcta", sentencia Macías. Durante estos tres años, una gran parte de esta población ha sido atendida a través de Urgencias, "que es muchísimo más caro que proporcionar una atención normalizada en centros de salud y de manera habitual".
Macías asegura que "el sobrecoste de volver a incluir en el sistema sanitario normalizado a aquellas personas que se han quedado fuera va a ser bajo y totalmente asumible", y que comprende "a muchas menos personas de las que se estimó en un principio". Según datos de Sanidad, el real decreto afectó en torno a 49.500 personas en Canarias, si bien, "con los cambios demográficos y el tiempo transcurrido, ahora estaríamos hablando de algo menos de la mitad".
