El director de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, Bernardo Macías, afirma que Canarias seguirá adelante con los trámites para garantizar la atención sanitaria a las personas que residen en las islas "con la máxima seguridad jurídica" y "siempre dentro de lo que establece la Ley".
Macías acudió ayer en representación de la comunidad autónoma a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la sede del Ministerio de Sanidad, donde trasladó la negativa de Canarias a la propuesta del secretario general, Roberto Moreno, de crear un sistema de atención sanitario específico para los inmigrantes en situación administrativa irregular. Las comunidades disponen ahora de 15 días para presentar sus "mejoras" a la propuesta.
Así, Canarias se suma a las 12 de las 17 comunidades autónomas que mostraron ayer su rechazo a la creación de un registro exclusivo de personas en situación irregular; solicitando al Gobierno estatal la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 que excluye a estas personas del sistema de salud pública, y la vuelta a la situación anterior que garantizaba la universalidad de la asistencia sanitaria a todas las personas residentes en España.
"El Ministerio nos ha presentado hoy [por ayer] un documento diferente al previsto, lo que habla de muy poco rigor en su forma de actuar, y en él se han incluido cambios sustanciales sobre el texto en el que se venía trabajando en los últimos días. Ellos proponen que se abra un período de consulta de 15 días para que en un próxima reunión con las comunidades autónomas se hagan todas las aportaciones necesarias para mejorarlo", detalló Macías al salir de la reunión.
Según Macías, "lo esencial de su propuesta es la misma que el Gobierno ha mantenido las últimas semanas, pero con la variante de que ahora está tratando de documentar jurídicamente y reforzar esa postura, pero la mayoría de las comunidades ya les hemos replicado que eso no va a servir para nada y que nosotros no vamos a cambiar de opinión en 15 días y que, por lo tanto, no tiene sentido que este asunto se vuelva a traer a este foro sino que, en todo caso, se eleve al Consejo Interterritorial y que sean los consejeros los que tomen la decisión política".
El director de Programas Asistenciales insiste en que "había una situación de atención universal real y jurídicamente avalada antes de la aprobación del Real Decreto 16/2012 que fue el responsable de que se desbarata la situación y, ahora lo que pretende Sanidad es que entre las comunidades autónomas arreglemos su desaguisado, pero nosotros lo que mantenemos es que si él lo rompió que él lo arregle y que no cuente con nosotros para parches".
