El Partido Popular y Nueva Canarias exigirán explicaciones al Gobierno canario en la Cámara regional sobre la gestión de la Ley de Dependencia y la población beneficiaria de las ayudas en las Islas, tras la denuncia formulada por el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, sobre la complicidad del Estado y Canarias para aumentar en 9.000 personas los dependientes incorporados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Depedencia.
Estas 9.000 personas, que reciben atención a través de los servicios sociales de Ayuntamientos y Cabildos, serán eliminadas del registro de la Comunidad autónoma, tal como sostuvo el pasado jueves Alicia Álvarez, directora general de Dependencia y Dispacidad.
La diputada del grupo Popular en el Parlamento de Canarias y portavoz de Asuntos Sociales, Josefa Luzardo, anunció ayer que pedirá al Gobierno que de cuenta del "las irregularidades detectadas en el número de personas incorporadas a la estadística del sistema nacional de dependencia en 2014", y qué medidas se adoptarán. Según Luzardo se trata de un "escándalo, cuyo único culpable es el anterior Ejecutivo autonómico y la anterior consejera de Políticas Sociales, la nacionalista Inés Rojas".
Por su la parte, Nueva Canarias solicitó ayer de la Mesa de la Cámara la comparecencia de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para que aclare tanto la denuncia de Saavedra cómo las políticas de gestión de la dependencia.
