¿Cómo es la colaboración judicial con los países europeos?
Se rige por un principio que es el de reconocimiento mutuo. Estamos en un espacio donde, en principio, todos tenemos un sistema único de derechos y principios fundamentales. Por eso se funciona de una forma ágil, y especialmente con Rumanía, debido a que hay una población importante de ese país en España. Normalmente hay más demanda de Rumanía a España, pero funciona bien.
¿Están lo suficientemente homogeneizados los aparatos legales a nivel europeo?
No están homogeneizados, ni Europa se ha parado a homogeneizar estructuras. Sí trata de homogeneizar en lo tocante a derechos fundamentales. Pero no entra en otras cuestiones. Por ejemplo, que instruya el juez y no el ministerio público, como ocurre en España, es ya una curiosidad en Europa y en buena parte del mundo. No digamos en Hispanoamérica. Sólo quedaban Argentina, que ya ha cambiado recientemente su sistema federal, y Uruguay, que tiene en marcha un proyecto de ley que dentro de poco entrará en vigor para que instruya el fiscal. En Europa, países donde instruya el juez, como en España, sólo quedan Bélgica, Eslovenia y Francia, aunque incluso en esta última el fiscal tiene más competencias que el español. Somos una curiosidad. Ha habido proyectos para cambiar esa situación, creo que vamos por el cuarto, pero todos terminan en un cajón.
Quizá porque se duda de que el ministerio público sea completamente independiente, teniendo en cuenta que al fiscal general del Estado lo elige el Gobierno.
El fiscal general del Estado no depende del Gobierno, ni puede recibir instrucciones de él. El Gobierno puede interesar [ésta es la palabra que utiliza el texto legal] al fiscal general determinadas cuestiones, y éste, oída la Junta de Fiscales de Sala, responde al Gobierno si se puede o no. Ésa es la única relación. Es verdad que el nombramiento lo hace el Gobierno, pero una vez en el cargo, el fiscal general es independiente. La vinculación o no que pueda haber depende de la responsabilidad y la ética de la persona nombrada. Yo pienso que si se modificara en algún momento la Constitución no estaría mal pensar en alguna otra forma de nombramiento. Fundamentalmente para evitar estas sospechas, y porque además así nos lo ha indicado el Consejo de Europa en un informe sobre la prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales.
¿Cómo sería ese nombramiento?
Lo más razonable es que fuese parlamentario. Debe tener una legitimación democrática, porque los fiscales somos funcionarios que trabajamos para la sociedad. Los nombramientos corporativos no me parecen la mejor solución. También es verdad que, en otros países de tradición democrática, el fiscal general lo nombra el Gobierno y no hay tanta crítica.
Estamos en un momento con muchos retos a nivel global, uno de ellos la inmigración masiva procedente de Siria y otros países musulmanes. ¿Qué se puede hacer?
Desde luego es un problema social, aunque toda esta gente genera más trabajo en el ámbito de la cooperación internacional, y no me refiero únicamente a la vertiente penal, sino también a la civil, porque genera muchos matrimonios mixtos. Tenemos una ley de cooperación civil que es muy favorable a los derechos de las personas inmigrantes que quieren algún reconocimiento de sus derechos en los tribunales españoles. Efectivamente es un problema. Vivimos en Europa, la zona más cómoda, con más derechos, y aunque hay también problemas, eso genera un efecto llamada. Da mucha pena. Habrá que buscar una solución, pero supongo que pasa por mejorar la situación de los países de origen para que puedan vivir con todas las condiciones. Pero claro, Siria es un país en guerra, con todas las consecuencias que ello conlleva. Yo visité Siria en 2001, y puedo decir que Palmira es una de las cosas más bonitas que he visto, y ahora, con su destrucción, da ganas de llorar.
Otro reto es la delincuencia internacional. No sé si tenemos instrumentos suficientes para encarar este problema.
Para como ellos crecen, nunca son suficientes los medios. Las organizaciones internacionales hacen un gran trabajo para construir nuevos instrumentos y confianza mutua entre los países, pero evidentemente las fronteras son más permeables y porosas aún para los delincuentes que para los órganos judiciales. En los últimos 50 años ha mejorado mucho la cosa, y las normas de reconocimiento mutuo; en la Unión Europea, nos han facilitado mucho el trabajo. Hay que reconocer que la confianza mutua se refuerza con los contactos personales, y cada vez hay más foros internacionales de jueces y fiscales. Las informaciones en muchos casos se pasan por Whatsapp o por teléfono, pero luego hay que formalizar y no tenemos facilidades. Yo creo que debería haber una mejor comunicación judicial con Iberoamérica, en el mismo sentido que existe en Europa.
¿Se ha parado la Justicia universal?
Hay unas normas que limitan la competencia. El tema de los límites de la jurisdicción está siempre en discusión. Es un poco absurdo que tengamos la jurisdicción dividida por territorios, porque la delincuencia internacional no tiene fronteras, pero de alguna forma hay que organizarse. Y la Justicia universal debe tener también unas normas, para saber a quién corresponde enjuiciar. Lo más eficaz es que el enjuiciamiento y la investigación se hagan en aquellos países donde hayan ocurrido los hechos o donde estén las víctimas. Cuando no, para eso están los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional y los tribunales especiales de La Haya. Con los escasos medios con que contamos, tendremos que actuar cuando podamos enjuiciar. Desde un punto de vista práctico, pensar en abrir un juicio sin tener aquí al detenido no tiene mucho futuro. La eficacia que pueda tener ese enjuiciamiento es muy limitada.
¿Cómo se pueden mejorar las pesquisas en los paraísos fiscales?
Corresponde a las organizaciones internacionales y a los estados hacer una presión importante para que las investigaciones sean transparentes y no haya secreto bancario. Suiza, por ejemplo, ha avanzado, y ahora da toda la información, siempre y cuando no se trate únicamente de evasión fiscal. Cuando se produce otro hecho, como una falsificación documental, etcétera, ya prestan toda la colaboración. Habría que lograr que el resto de los paraísos fiscales se sintiesen presionados por la comunidad internacional para que modifiquen su regulación interna y deje de haber estas dificultades para la investigación bancaria.
¿Qué retos tienen ustedes los fiscales a nivel de cooperación internacional?
Hay que poner en marcha la ley de reconocimiento mutuo, el fiscal debe tener un papel cada vez más importante en la cooperación internacional para que pueda relacionarse con sus homólogos. Nosotros somos autoridad judicial a los efectos de cooperación internacional. Cada vez ejecutamos más comisiones rogatorias, podemos hacer diligencias salvo aquellas que afectan a los derechos fundamentales. Ahora, antes de 2017, debemos tener en marcha en España la orden europea de investigación, y yo espero que el fiscal tenga ahí mayor legitimación para la intervención y poder realizar la mayoría de las diligencias, de forma que podamos responder de forma más rápida y eficaz.
