La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias espera aprobar antes de que finalice el presente mes la orden que regula la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. El borrador de dicha orden recoge que para el acceso de estas personas a la sanidad pública canaria será necesario llevar empadronado en un municipio isleño al menos tres meses.
Los responsables sanitarios consideran razonable este período porque, a su entender, refleja que esa persona se encuentra establecida en la comunidad canaria. Además, el padrón facilita la asignación del centro de salud más cercano a su domicilio habitual y del correspondiente médico de cabecera, a través de la expedición de la tarjeta sanitaria.
"Todas las comunidades establecen un período de empadronamiento como requisito para verificar la residencia y administrar los recursos. En Canarias estamos proponiendo tres meses como tiempo razonable", explica el director general de Salud Pública, Ricardo Redondas, que defiende que la orden persigue evitar que "un sector de la población quede excluido" de la sanidad.
La Coalición por el Derecho a la Salud, integrada por varias organizaciones no gubernamentales, considera que el requisito de empadronamiento es "un avance" en el camino para recuperar el acceso a la sanidad pública, pero advierte que hay algunos ayuntamientos que ponen pegas a la hora de empadronar a una persona en una situación administrativa irregular.
"Los ayuntamientos tienen la obligación legal de dar el empadronamiento, pero algunos se niegan a darlo a los inmigrantes irregulares, por lo que estas personas seguirían sin atención médica", asegura Osman Hamed - Fontanilla, portavoz de la coalición, cuyos representantes se han reunido en diferentes ocasiones con los responsables sanitarios del Gobierno canario para analizar el borrador de la citada orden.
A través del real decreto 16/ 2012, el Gobierno de España excluyó de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, limitándola a los servicios de Urgencias, y a determinados grupos como mujeres embarazadas y menores de edad. Una medida que las comunidades autónomas, con alguna excepción, han ido paliando desde entonces. En el caso de Canarias el anterior gobierno facilitó una tarjeta sanitaria específica, pero fue criticada por las ONG, ya que eran necesarios numerosos requisitos y apenas se solicitaron unas 400.
La postura de las comunidades autónomas fue clara en la última reunión mantenida con el ministro de Sanidad, en la que 12 de las 17 comunidades autónomas manifestaron su oposición al real decreto y exigieron su derogación. En opinión del director general de Salud Pública, la propuesta del Gobierno de España, que incluye un registro de inmigrantes, "se queda corta", ya que las de las comunidades "son más avanzadas".
La intención de Redondas es que la orden "sea sólida" y esté aprobada "lo antes posible", para ello quedan pendientes algunos informes de índole económico. El portavoz sanitario recordó que se han publicado varios estudios que defienden que es pernicioso que determinados colectivos se queden fuera del sistema sanitario y que además ello conlleva un sobrecoste porque la atención en Urgencias es más cara que en Atención Primaria.
Medicinas
En cuanto a la financiación de los medicamentos, las ONG apuestan por la gratuidad por razones obvias, toda vez que los inmigrantes irregulares viven en un contexto socioeconómico desfavorable. "Si no se le proporciona un porcentaje cero sobre los medicamentos, condenas a estas personas a la enfermedad", alerta Hamed- Fontanilla. Este es precisamente uno de los puntos en los que los técnicos de la Consejería de Sanidad se encuentran trabajando en la actualidad.
