La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Elena Máñez, ha trasladado a la directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno canario, Alicia Álvarez, la necesidad de incrementar las cuantías para atender a familiares y enfermos mentales en el convenio de dependencia 2016. En la primera reunión entre ambas dirigentes, Máñez solicitó la puesta en marcha de un servicio de atención a personas con discapacidad intelectual y con trastorno grave de la conducta, inexistente en Gran Canaria. "Es una cuestión de urgencia pues esas personas están siendo derivadas a Tenerife o la Península". El servicio incluiría la atención residencial y un equipo de seguimiento, intervención y apoyo, dentro de la red insular de discapacidad.
