El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, reconoció ayer las carencias que comunidades como Canarias o Madrid tienen en el número de unidades de paliativos, con un ratio de atención más allá del doble de lo recomendado. En concreto, explicó que, según datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), se estima que "debería haber al menos una unidad de cuidados paliativos por cada 80.000 habitantes", y Canarias o Madrid "tienen una por cada 195.000 o 175.000 habitantes".

Alonso detalló que esta situación está desequilibrada entre las distintas regiones españolas, pues otras comunidades como "por ejemplo Cataluña tienen una unidad por cada 44.000 habitantes". Además, el ministro puso encima de la mesa la necesidad existente de aumentar el número de unidades de cuidados paliativos pediátricos en toda España, aunque recordó que este tipo de atención se va desarrollando "cada vez más".

Alonso se pronunció así, antes de asistir a la entrega de la VII Edición de los Premios NAOS, y un día después de que el equipo médico de Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) haya accedido a retirar la alimentación artificial a Andrea, la niña de 12 años con una enfermedad degenerativa irreversible para la cual sus padres defienden una muerte digna. En este sentido, y preguntado por la necesidad de regular un marco jurídico para garantizar una muerte digna, el ministro aseguró que ya existe una norma, la Ley de Autonomía del Paciente, que garantiza el derecho al enfermo a que no le sometan a tratamientos innecesarios y a que tengan acceso a cuidados paliativos en la última fase de vida.

"Esto, combinado con el código deontológico de los médicos y sus protocolos de funcionamiento, viene garantizando en España cada día que se ayuda a la gente a morir con dignidad en los hospitales, que se le proporciona cuidados paliativos y que se respeta su voluntad. Además, también está determinado la posibilidad del testamento vital", explicó Alonso.

Por tanto, el ministro rechazó la posibilidad de regular dicho marco jurídico y ha pedido prudencia a la hora de abrir este debate, como lo hizo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien se mostró dispuesto a abrir el debate social y político sobre la eutanasia en la próxima legislatura.

Denuncias

Por otra parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos pidió ayer al hospital de Santiago, en el que está ingresada Andrea, la niña de 12 años, que no le retire la alimentación y advierte de que denunciará al centro sanitario. Esta asociación lanzó ayer una petición pública, dirigida al jefe de Pediatría del Hospital Universitario de Santiago, Manuel Castro, instándole a que "no termine con la vida de la pequeña Andrea".

Los abogados advierten de que denunciarán al Servicio de Pediatría del hospital al entender que retirar la alimentación a Andrea "viola el Código Penal e incumple el Código de Deontología Médica".