El Gobierno de Canarias espera tener el próximo verano un documento que sirva para regular la financiación de las dos universidades de las Islas durante los próximos años. El director general del área, Ciro Gutiérrez, informa de que "ya se han iniciado los contactos con los dos rectores porque la intención del Gobierno es alcanzar el máximo acuerdo".
La intención de la Consejería de Educación y Universidades es responder a la demanda de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y La Laguna (ULL), que a lo largo de los últimos cursos han insistido en su reclamación de tener un marco estable de financiación. "Lo que demandan es saber con qué fondos cuentan a la larga, no solo en los presupuestos anuales", recuerda el director general de Universidades.
Gutiérrez indica que, en concreto, la intención de la Administración es "descartar el modelo de contrato programa y apostar por los sistemas que se están adoptando en otras comunidades autónomas". En 2008, el Gobierno de Canarias y los responsables de las dos instituciones académicas del Archipiélago firmaron un contrato programa que "con posterioridad fue derogado por los recortes económicos", recodó Gutiérrez.
A partir de entonces, las partidas a los centros universitarios se concedieron año a año en función del presupuesto de la Comunidad Autónoma, en medio de las quejas de las instituciones universitarias que exigían más fondos y que además tuvieron que ejecutar planes de ajuste en sus cuentas.
Si los cálculos de Ciro Gutiérrez se cumplen, no será el próximo año pero "la idea es que el nuevo modelo empiece a funcionar en 2017". Pero además, la intención del director general de Universidades es que ese sistema de financiación contemple una parte fija y otra "que fomente la competitividad a través de determinados indicares i objetivos a cumplir por parte de los centros universitarios", aunque aseguró que "ese tipo de criterios también formarán parte de la negociación con las universidades.
Lo que no se prevé en principio es dinero para obras nuevas en ninguna de las dos universidades canarias, a pesar de que ambas adolecen de problemas de espacio o de estado de los edificios. Al respecto, el responsable de la Administración asegura "que las prioridades serán las que indiquen las propias universidades" y añade que "lo que han planteado hasta ahora es que necesitan fondos para mantenimiento".
El problema, según explica Ciro Gutiérrez, es que durante la época de crisis económica y a raíz de la supresión del plan de inversiones para infraestructuras, las universidades canarias empezaron a tener problemas para el adecuado mantenimiento de sus edificios. En el caso de la ULL, durante los últimos años se ha reiterado la demanda de un nuevo centro para la Facultad de Educación y de una rehabilitación para la Facultad de Ciencias de la Salud, además de necesidad de obras en centros como Derecho.
El director general insiste: "Las universidades decidirán en dónde invertir sus fondos" y puntualiza que "en cualquier caso, todo esto depende de la negociación que ya está en marcha". "Es lógico que los rectores intenten conseguir el mayor número de recursos económicos posible para sus centros pero es el Gobierno de Canarias y no solo esta Dirección General, quien decide cuáles son las prioridades de las cuentas autonómicas", dice.
Personal
El responsable de la Consejería de Educación y Universidades reitera que las instituciones de educación superior del Archipiélago "tienen autonomía" y por tanto las decisiones competen a sus equipos de Gobierno. También en personal, aunque Gutiérrez explica que "tienen la plantilla que necesitan y la falta de docentes no es uno de los problemas que hayan comunicado".
La misma autonomía es a la que apela el responsable del sistema universitario cuando alude a cuestiones como el Campus de Excelencia o la implantación del sistema 3+2 previsto por el Ministerio de Educación. Respecto al proyecto conjunto entre la ULPGC y La Laguna que obtuvo el sello de Campus de Excelencia Internacional por parte de la cartera educativa está pendiente de su última evaluación, pero más aún de los fondos que el Gobierno central debe destinarle. "El Ejecutivo canario no entra dentro del marco de actuación de esta iniciativa pero estamos interesados en que el nuevo Gobierno que se forme a partir de las elecciones del próximo 20 de mayo siga apostando por este proyecto", asegura Gutiérrez.
En alusión al sistema de grados de tres años más un máster de dos cursos, conocido como 3+2, Gutiérrez explica que "han sido los propios rectores los que han decidido no aplicarlos". Aunque entiende que dependerá del próximo Gobierno central, señala que la visión del Gobierno canario es que "no es inasumible implantar grados de tres años porque ya los hay en Europa" pero apunta que "es una decisión que debe ser bien analizada y debatida antes de tomarse".
La tarea que sí está encomendada a su Dirección General es la puesta en marcha definitiva de un distrito único en el Archipiélago, una cuestión que, dice, "se hablará con ambos rectores para llegar a un consenso sobre la fórmula para ejecutarlo con la intención de que empiece a funcionar el próximo curso". "El equipo anterior quiso implantar su propio modelo sin hablar antes con las dos universidades y por eso fracasó el intento. Se trata de aprender de los errores y ahora habrá diálogo", sentencia.
