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Los expertos piden que el juez pueda exigir terapia para hijos de agresores

Muchos progenitores no permiten que los menores víctimas de violencia de género reciban apoyo psicológico, pese a la indicación de los profesionales

Los expertos piden que el juez pueda exigir terapia para hijos de agresores

Los profesionales que trabajan con hijos de mujeres víctimas de violencia de género buscan la fórmula legal para que estos menores reciban una atención psicológica pese a la negativa de los padres. Así lo reveló ayer Alicia Barquero, directora general de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia, que participó en las jornadas La infancia desenfocada: Una aproximación al trabajo integral con menores expuestos/as a la violencia de género, que se celebran hasta el viernes en el CAAM.

Barquero explicó que en la comunidad murciana se está definiendo un mecanismo para que cuando la psicóloga recomiende la atención al niño y el padre se niegue, se envíe un informe al juez y éste dictamine la necesidad de que sea atendido en el servicio específico de menores.

"Es una realidad que se repite en todas las comunidades. Cuando no existe resolución judicial, cuando la madre no ha denunciado a su pareja como víctima de malos tratos o cuando no hay una sentencia de divorcio firme, el padre puede negarse a que su hijo sea atendido porque todavía tiene su custodia", aseveró Barquero que compartió la experiencia de la comunidad murciana.

En esta región el primer paso es acudir a la Red de Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI), donde se diseña un programa personalizado. En este primer contacto se comprueba si la mujer tiene menores a su cargo y si éstos han sido expuestos también a la violencia de género. Si efectivamente los niños han sido expuestos a esta violencia, se les recomienda que vayan a las reuniones o son derivados al servicio especializado.

Todo ello debe contar con el consentimiento tanto del padre como de la madre, que no siempre se consigue. "Depende de las medidas judiciales. Si el padre ya tiene la etiqueta puesta de agresor, no suele inmiscuirse en que el hijo vaya o no al servicio. Además, si existe orden de alejamiento, es mucho más fácil tratar al hijo", especificó Barquero.

Sin embargo, el problema llega cuando no existe una orden judicial de por medio y tampoco hay un divorcio. "En ese caso el padre se puede negar mayormente por el tema de la etiqueta. No quiere que se le etiquete como un agresor y al hijo como víctima de violencia de género, y frente a esto no podemos actuar nosotros", reconoció.

A través de estos servicios específicos se les ofrece a los menores principalmente atención psicológica con talleres individuales o grupales, dependiendo de la edad del niño y del caso concreto.

"Los niños son como esponjas. Todo lo que ven alrededor al principio se lo callan, pero poco a poco les va calando. Una situación que, entre otras cosas, les dificulta a nivel psicológico, con un rendimiento bajo al nivel académico", añade la directora general.

Los profesionales explican que en muchas ocasiones son los propios profesores los que detectan los casos de niños víctimas de violencia de género. Por ejemplo, un alumno brillante que de pronto va bajando su rendimiento, no trae los deberes hechos, se queda dormido en clase... En estos casos, el profesor indaga qué ha pasado en el ámbito familiar e inmediatamente activa el protocolo.

En general, los niños suelen sufrir más violencia psicológica que física. Pero la violencia psicológica "es muy difícil de detectar y de probar de cara a un juzgado", apuntó Barquero, junto a María Dolores Andreu, jefa de Servicio de la Dirección General de Mujer de Murcia, tras su participación en las jornadas, organizadas por el Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad.

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