Este 25 de noviembre, Día para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, cobra especial relevancia: estamos en un mes en el que ha habido una movilización histórica en este país: el 7N miles de personas salieron a la calle a exigir que pare esta violencia y que el gobierno del PP tome cartas en el asunto. Nunca en el Estado se había dado una manifestación de estas características, el 7N sirvió además para remover las conciencias sociales y promover la solidaridad con las víctimas, así como para denunciar masivamente que en este país perviven la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, que en lo que va de año se ha cobrado 48 vidas -dos de ellas en Canarias- , y las expresiones más agudas de violencia sexual. La violencia de género no se reduce al menos en su indicador más preocupante: la cifra de mujeres muertas por esa causa.
Este 25 de noviembre queremos decir a las víctimas de la violencia sexista que no están solas, que estamos con ellas, que desde el Cabildo de Gran Canaria tenemos una Red de Servicios de atención en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad y con los municipios de la isla, encaminados a asesorar, ayudar y acompañar a las víctimas de esta violencia. Pero este día es también una oportunidad para la reflexión y el diálogo social sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que nos queda por hacer en Canarias en el camino hacia la erradicación de la violencia. A este necesario diálogo queremos contribuir desde la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, incidiendo en apostar fuertemente por la igualdad entre mujeres y hombres, por poner los medios necesarios para la prevención de la violencia sexista, por poner en marcha medidas de actuación tendentes a erradicarla.
La violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo -por el rol social que cumplen- entraña un problema estructural con hondas raíces culturales. Podrá discutirse si la única causa de dicho problema radica en el histórico desequilibrio de poder entre hombres y mujeres y la consecuente subordinación a la que éstas se han visto sometidas, pero resulta innegable que la violencia sexista constituye un fenómeno social específico, que hay que afrontar como tal.
Hacer visible la grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres que la violencia sexista conlleva está suponiendo un largo y difícil proceso de cambio. El feminismo ha conseguido que dicha violencia se perciba como un problema social y político, enraizado en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, y ha impulsado cambios legales espectaculares, que, en ciertos casos, han ido por delante de la mentalidad social.
La Ley Integral de Violencia de Género (en adelante LIVG) supone un punto de inflexión a la hora de abordar la violencia sexista, partiendo de una concepción de ésta como un fenómeno complejo y diseñando una respuesta integral, con múltiples perspectivas y ámbitos de actuación, con una intervención, por tanto, multidisciplinar, lo que ha supuesto un enorme avance en el abordaje del fenómeno.
Sin embargo, habiendo cumplido ya la LIVG diez años, el diseño de las expectativas que despertó están lejos de alcanzarse. En particular, no puede afirmarse que, en esta ya larga década de vigencia, se haya reducido la violencia contra las mujeres. Los registros estadísticos demuestran que en los últimos años han disminuido las denuncias, pero ello, lejos de ser un indicio tranquilizador, parece ser todo lo contrario.
Aunque las muertes son sólo la punta del iceberg, la parte más visible y estremecedora de esta extendida vulneración de los derechos humanos, la constatación de que en muchos de los casos en los que se llega al fatal desenlace no hubiese denuncia, lleva a pensar que hay mujeres que sufren maltrato y no lo denuncian -o "retiran" la denuncia- porque la respuesta que obtienen del sistema no les satisface, no es la que buscaban, o no les resulta útil para rehacer su vida libre de violencia.
La dura y larga crisis económica y las medidas adoptadas por la UE y, en nuestro caso, por el Gobierno del Partido Popular, suponen un fuerte ataque contra el bienestar de las personas, especialmente contra las que forman el eslabón más débil de la estructura social. La crisis económica ha afectado radicalmente al desarrollo de las medidas de apoyo social y económico previstas en la ley. Por una parte, los derechos laborales de las mujeres que han sufrido violencia sólo pueden ejercerse si éstas tienen un puesto de trabajo y es sabido que la crisis ha golpeado con especial fuerza al empleo femenino. Tener en cuenta el impacto específico que el desempleo y los recortes en el gasto social están suponiendo para las mujeres es imprescindible en la elaboración de políticas que contribuyan a la igualdad.
Por otra parte, este empobrecimiento de la población -y de las mujeres en particular- ha supuesto un notable incremento de las demandas de ayudas económicas que, en muchos casos, dificulta su obtención, también para las víctimas de violencia de género. A esto se suma la progresiva desaparición de los programas de coeducación que se habían implantado en los centros escolares y que en Canarias estaban fuertemente consolidados, así como las pocas horas que la Consejería de Educación destina al trabajo del profesorado en la Red de Escuelas para la Igualdad, y la eliminación de la única asignatura que garantizaba la impartición de los temas relacionados con la igualdad.
El plan de actuación diseñado por la LIVG no se ha cumplido más que en una pequeña parte. Sin duda, la coyuntura económica no ha ayudado a ello, pero considero que tienen más peso las razones ideológicas que, en una situación de escasez de recursos, han optado por sacrificar absolutamente los destinados a políticas de igualdad. Parecería que, si bien la sociedad española y sus gobernantes han asumido el discurso contra la violencia de género, lo han hecho de modo superficial, sin convencerse de que el avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres es el único medio eficaz para reducir la violencia de género.
Como es sabido, la discriminación está prohibida tanto por mandato constitucional como por las leyes positivas, pero la realidad nos da de frente. Los datos demuestran que se mantienen las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. Las empresas, especialmente las privadas, pero también las públicas, mantienen esta discriminación valiéndose de medios indirectos, como las catalogaciones de los puestos de trabajo, la selección de personal para puestos de responsabilidad o el abuso de las jornadas a tiempo parcial para las mujeres.
Cabría esperar que ante la mayor disponibilidad de tiempo de los hombres, como efecto de la destrucción de empleo masculino, hubiese una mayor dedicación de ellos al trabajo de cuidados familiares, máxime en estos años de recortes en los servicios públicos destinados al cuidado infantil y a la atención a la dependencia. Sin embargo esto no es lo que muestran las estadísticas. La orientación de las políticas de ajuste en España ha hecho resurgir el modelo 'familiarista' a través de la reprivatización de los servicios de cuidados en el entorno familiar. Esta derivación de responsabilidades, desde lo público a las familias, establece una mayor presión sobre las mujeres, ya que, a través de la 'norma social' son quienes asumen, casi en exclusividad, las responsabilidades familiares y domésticas.
Mientras siga recayendo sobre las mujeres el mayor peso del trabajo doméstico y de los cuidados, no será posible que dediquen el mismo tiempo y esfuerzo que los hombres a la promoción en el trabajo asalariado y profesional, y en este terreno es poco lo que hemos avanzado. Hay otros aspectos en los que se manifiesta el ataque a la libertad de las mujeres, especialmente a la libertad sexual, como el retroceso en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la homofobia, la marginación de las personas transexuales, con la patologización de la transexualidad y la rigidez del sistema de géneros .
Es imprescindible invertir en Igualdad. Sabemos que en el largo plazo, hay una relación directa entre la igualdad, el desarrollo y la sostenibilidad de la vida. Y es por ello que la igualdad no debería ser relegada ni considerada como algo subsidiario a otro tipo de objetivos sociales o económicos, sino integrada como el principio ético-político que garantice que el necesario cambio de modelo de desarrollo económico y social responda al principio horizontal de equidad.
Queda todavía un largo camino por recorrer para la igualdad y el respeto a la libertad de las mujeres. Pero esto no debe impedirnos apreciar los avances logrados en muchos terrenos, porque ver siempre el vaso medio vacío -o casi sin agua- lleva al victimismo que, con frecuencia, desemboca en la impotencia.
Se hace necesaria una nueva escala de valores: la autonomía personal y comunitaria, el reconocimiento, la interdependencia, la reciprocidad, la soberanía, la solidaridad y la cooperación son el paquete básico de principios que fundamentan la alternativa que el feminismo hace a un nuevo modelo social.
