Hassan El Asry, natural de Marruecos, fue intervenido de urgencia en el Hospital Doctor Negrín hace seis meses tras romperse el tendón de Aquiles. Pese a que la atención en los servicios de Urgencias está garantizada, a este inmigrante, residente en Gran Canaria, se le pasó una factura de 2.400 euros por la intervención.
La reforma sanitaria de 2012 puso fin a la universalidad del derecho a la salud en España con una serie de excepciones, entre las que se encuentra la atención por Urgencias, a mujeres embarazadas y a menores de edad. Sin embargo, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias está facturando a los sin papeles por estas atenciones, según denunció ayer la Coalición por el Derecho a la Salud.
El caso del marroquí Hassan El Asry no es el único en el Archipiélago. A principios de este mes otra factura llegó a nombre de una inmigrante procedente de Mauritania que dio a luz en el Hospital Materno-Infantil y cuyo hijo al nacer tuvo que permanecer ingresado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) dos semanas. En total, más de 16.100 euros (2.700 euros por el parto y unos 13.400 por el ingreso del bebé) por una atención que es gratuita, tal y como recoge el real decreto.
"A día de hoy se siguen dando casos de vulneración de los tres supuestos que recoge el real decreto en cuanto a las situaciones más extremas. Conocemos los casos a través de las diferentes organizaciones no gubernamentales, pero sabemos que hay más, aunque no es imposible contabilizarlas", señaló ayer Elena Cáceres, portavoz de Médicos del Mundo, una de las ONG que integran la Coalición por el Derecho a la Salud, junto a Acción en Red Canarias, Yo sí atiendo, Cáritas y Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Además, de denunciar la vulneración de las excepciones de la reforma sanitaria de 2012, las organizaciones quisieron alzar de nuevo la voz para que se derogue el real decreto que deja a los inmigrantes en situación irregular sin acceso a la atención sanitaria gratuita, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos que se celebra hoy.
Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera (PSOE), ha manifestado desde su llegada al cargo la intención de elaborar una orden específica que permita la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares al margen de lo establecido en el real decreto del Gobierno de España.
"Sabemos que existe una voluntad por parte de Sanidad, pero el compromiso no se cumple", añadió Cáceres, que hizo hincapié en que los cobros injustificados son de fecha reciente.
