Los inmigrantes irregulares tendrán asistencia sanitaria gratuita en Canarias. El consejero de Sanidad del Gobierno regional, Jesús Morera, lo había anunciado al tomar posesión de su cargo pero la administración seguía sin cumplir este compromiso hasta ayer.
El propio consejero hizo el anuncio en el Parlamento de Canarias donde informó de la entrada en vigor de la orden que regula el acceso al derecho a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, después de que el Gobierno haya dado luz verde a la orden que recupera la asistencia sanitaria universal.
Morera, que admitió la tardanza, señaló que se han llevado a cabo todos los trámites y dado las instrucciones precisas para que el colectivo inmigrante "recibiera la misma atención sanitaria que el resto de ciudadanos". Atención Primaria, Especializada, Urgencias, Transporte y Prestación Farmacéutica fueron los niveles a los que aludió el consejero, aunque especificó que éste último se subvencionará con un 40%, al igual que la población general.
La aprobación por parte del Gobierno central de las medidas para la racionalización del gasto público incluyó hace tres años la eliminación de la asistencia sanitaria gratuita y universal a los inmigrantes. Las críticas no se hicieron esperar y desde entonces se articularon diferentes medidas en las comunidades autónomas para no dejar desasistido al colectivo.
En el caso del Archipiélago, los cálculos iniciales hablaban de entre 40.000 y 52.000 inmigrantes fuera del sistema sanitario, pero ayer el consejero canario de Sanidad redujo la cifra. "Hemos calculado que accederán a la tarjeta sanitaria entre 7.500 y 10.000 personas", aseguró Morera.
Beneficiarios
La población a la que van dirigidas estas actuaciones está constituida por personas extranjeras que acrediten el cumplimiento de los criterios de inclusión, entre los que figura no tener derecho a la condición de asegurado ni beneficiario reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, ni a exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen, así como no tener suscrito un convenio especial para recibirla.
"No podíamos permitir que existan sectores de la población, que ya conviven con nosotros en Canarias, sin acceso a una atención sanitaria normalizada, y no lo podemos permitir porque no es justo, porque creemos en un sistema sanitario público para toda la población y porque abocamos a muchas personas a un acceso por la puerta de atrás, usando por ejemplo los servicios de urgencias", subrayó Morera.
Precisamente, el responsable de la Administración sanitaria respondió a las críticas de las organizaciones en defensa del colectivo que se quejaban esta misma semana del cobro a los inmigrantes usuarios de las Urgencias. Al respecto, sobre el caso de la mujer mauritana a la que le piden 16.000 euros por un parto y la posterior hospitalización de su bebé, el consejero sostuvo ayer que "debió tratarse de un error" , ya que en su opinión, esta prestación no estaba afectada por el recorte de derechos sanitarios que aprobó el Gobierno central en 2012.
Además, indicó que la orden aprobada no es retroactiva así que no afecta a los pacientes atendidos antes de la entrada en vigor, pero admitió, entre resignado y tranquilo, que "entrarán a formar parte del grueso de facturas de este tipo de servicios que no se han llegado a pagar". En concreto, el consejero de Sanidad señaló que hasta ahora "el 20% de las facturas no se ha cobrado". Precisamente, cuestionado acerca del coste económico, Morera aseveró que "lo importante no es lo que va a costar, sino lo que se va a ahorrar".
