La Coalición por el Derecho a la Salud celebró ayer la entrada en vigor de la orden que devuelve la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares en Canarias. Este colectivo, integrado por diferentes organismos no gubernamentales, exigía desde hace tres años la abolición del real decreto con el que se puso fin en 2012 a la universalidad del derecho a la salud en España. Con la entrada en vigor de esta orden, Canarias sortea esta polémica reforma sanitaria que tantas críticas ha suscitado desde entonces por parte de diferentes organismos y asociaciones en defensa de los derechos humanos.
"Tenemos que ver el contenido de la orden, pero cualquier paso que se dé en favor de facilitar la atención sanitaria lo vemos como un logro", afirmó ayer Elena Cáceres, portavoz de la Coalición por el Derecho a la Salud, que está integrada por Médicos del Mundo, Acción en Red Canarias, Yo sí Atiendo, Cáritas y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
En principio, este colectivo considera viables los requisitos exigidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para que las personas extranjeras en situación administrativa irregular accedan a la tarjeta sanitaria. Entre estos requisitos, se encuentra llevar empadronado al menos tres meses en un municipio canario y en el caso de disponer de ingresos, que éstos no superen en el cómputo anual a 1,5 veces del valor del Iprem.
"Lo importante es que los requisitos sean fácilmente demostrables, que era la complicación que tenían otras órdenes", añadió Cáceres, que aplaudió que el consejero de Sanidad, Jesús Morera, haya cumplido con su compromiso. A raíz de la entrada en vigor del real decreto de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el año 2012 fueron dadas de baja en Canarias entre 48.000 y 52.000 tarjetas sanitarias, según datos de Sanidad.
Posteriormente, la exconsejera de Sanidad, Brígida Mendoza (CC), habilitó una tarjeta especial para que los sin papeles pudieran acceder a la asistencia sanitaria. Una iniciativa que fue criticada por las ONG que argumentaban que la nueva tarjeta ofrecía muchas menos prestaciones y que conseguirla resultaba muy difícil. De hecho, sólo 147 inmigrantes irregulares la obtuvieron, según los últimos datos.
"En un primer momento se pedía una serie de documentos del país de origen imposibles de conseguir. Pedían, por ejemplo, certificado de Hacienda, que no existen en muchos países, o certificado de catastro. Además, había que demostrar la veracidad de los documentos que debían estar traducidos. Era una cosa imposible", explicó la portavoz de la coalición.
Tiempo después la orden se modificó y se podía suplir con un certificado de los trabajadores sociales, pero "aún así el tiempo y los trámites provocaron que mucha gente no consiguiera la tarjeta", añadió la portavoz.
Las personas extranjeras que sean incluidas en el programa deberán comunicar al Servicio Canario de Salud cualquier modificación de sus circunstancias personales, familiares, económicas y de permanencia continuada que puedan suponer la extinción de la prestación, en el plazo de un mes. Asimismo, y según avanzó ayer la Consejería de Sanidad, presentarán, en los tres primeros meses del año una declaración responsable sobre la no variación de los requisitos y condiciones exigidas. Por su parte, la administración sanitaria podrá comprobar que se siguen cumpliendo los criterios de inclusión, requiriendo la documentación al propio interesado, en especial en cuanto a la permanencia continuada y recursos económicos. La asistencia sanitaria a la que tendrán acceso estas personas es la incluida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud, esto es, prestaciones de salud pública, atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, prestación de productos dietéticos y de transporte sanitario. En el caso de la prestación farmacéutica, deberán aportar el 40% del precio del medicamento; cantidad que será del 10% en los pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con el máximo que se fije para el resto de los asegurados y beneficiarios del SNS. LA PROVINCIA
