Cruz Roja en Canarias reclama al Gobierno Regional que se renueve el convenio existente hasta el próximo día 31 de diciembre, por el cual esta organización está realizando desde hace años el servicio de ambulancias en siete pequeñas poblaciones de cuatro islas del Archipiélago canario. Lo demanda al Ejecutivo por las características propias de estas prestaciones, por la posible pérdida de la calidad de los servicios y para no tener que llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) a cuarenta trabajadores que desarrollan dichos servicios de ambulancias.

A pesar de las buenas relaciones existentes con el Gobierno canario, desde Cruz Roja no se comprende esta "inusual" actitud de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) -que gestiona estas materias- de rechazar cualquier negociación y que tenga la intención de contratar estos servicios a otra empresa que lo esté prestando en otros municipios.

Gerardo Mesa, presidente regional de Cruz Roja, explicó cómo, a su juicio, se ha llegado a esta situación. "Gestión de Servicios no ha querido negociar, y eso que nos hemos sentado con ellos en marzo y en abril, e intentado varias veces. Por cada una de las ambulancias que presta los servicios durante 24 horas nos pagan 170.000 euros al año, cuando nos sale un coste de 210.000. En cambio, a las otras empresas, en otras zonas de las islas, les abonan 300.000 euros anuales. No queremos ganar dinero, sino cubrir lo que se gasta en esas ambulancias disponibles todo el día en las poblaciones de Tejeda, Tunte y Teror -en Gran Canaria-; de Garafía, -en La Palma-; Santiago del Teide y Candelaria, -en Tenerife-; y Playa de Santiago, en La Gomera", explicó Gerardo Mesa. Según dijo, "nos hemos adaptado a las exigencias de profesionalidad de los trabajadores de estos vehículos y las titulaciones que tenían que tener. No aceptamos salarios míseros. Un sanitario cobra unos 900 euros, y en otras empresas, 600".

A Gerardo Mesa le preocupa el "futuro incierto" que les podría deparar a los 40 trabajadores si finalmente no se renueva el convenio. "Entiendo que, por las condiciones del convenio aún existente, la nueva empresa que se haría cargo de estos servicios en las pequeñas poblaciones que te dije, debería subrogar la plantilla. Sin embargo, temo que se agarre de subterfugios legales para no asumirlos y entonces tendríamos nosotros que hacer el ERE e indemnizarlos correctamente. Por las edades y titulaciones que tienen, temo que tendrían difícil trabajar en lo mismo".

"Tenemos también que esta gestión perdería calidad porque lo más probable que la nueva empresa cubriría esos pueblos pequeños con ambulancias que están en zonas alejadas. Además, no sería con la misma experiencia. A nosotros no nos importan tanto perder ese servicio. Hacemos muchos en campos muy diferentes -como los relacionados con la violencia de género, salvamento en el mar o con los jóvenes-. Lo que nos importa son esos 40 trabajadores y la calidad de lo que se hace", concluyó.