El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el Real Decreto que regula la prescripción de medicamentos que no precisen receta por parte del personal de enfermería, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 23 de octubre, y que entrará en vigor hoy, 24 de diciembre, a pesar del rechazo del citado colectivo profesional.
La Mesa de la Profesión Enfermera, compuesta por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, ha acusado al gobierno del Partido Popular de "traición a la profesión enfermera y al normal funcionamiento del sistema sanitario". Además, en un comunicado, ha tildado esta publicación de "jugada antidemocrática" al hacerlo "con nocturnidad" -en plena resaca electoral y a las puertas de Navidad- y demostrando una "cobardía política sin precedentes en la historia de la sanidad".
La Mesa se opone, junto a los principales partidos y un total de doce comunidades autónomas, a este decreto, debido al que, han denunciado, no podrán indicar ningún medicamento si antes no tiene prescripción médica. Hasta ahora, el personal de enfermería podía usar e indicar un buen número de medicamentos que necesitaban receta, de manera habitual, pero a partir de mañana estará "atado de pies y manos", y se obligará a los pacientes a pasar siempre por un médico.
Si alteran este nuevo procedimiento, los profesionales podrán incurrir en un delito de intrusismo profesional, lo que les llevará, como han lamentado desde la Mesa, "a una enorme inseguridad personal y profesional".
Este real decreto fue aprobado para dar "cobertura legal", según explicó el ministro en la rueda de prensa de después del Consejo de Ministros del 23 de octubre, y para habilitar legalmente a los enfermeros para que dispensen medicamentos que se pueden adquirir libremente en las farmacias.
Ante esta situación, la Mesa ha anunciado que pondrá en marcha "de forma inmediata" un calendario de movilizaciones y actuaciones jurídicas, mediáticas e informativas.
Entre otras medidas, está prevista la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo para anular el artículo 3 de la citada norma, que establece que para que estos profesionales usen un fármaco sujeto a prescripción es necesario que el correspondiente profesional prescriptor (el médico) haya determinado previamente el diagnóstico, prescripción, protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir. Una situación que, según un informe independiente elaborado tras su aprobación, genera una "inseguridad jurídica para los médicos, para los enfermeros y para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS)" al tiempo que "pone en duda la legalidad" de la Ley del Medicamento que desarrolla.
