El sacerdote jesuita Esteban Velázquez, natural de Las Palmas de Gran Canaria, es un activista y defensor de los derechos humanos fundamentales que ha dedicado su vida a mitigar los abismos sociales que separan el norte y el sur, los de arriba y los de abajo. Desde octubre de 2012, residía en la ciudad de Nador, situada al noroeste de Marruecos, como responsable de la delegación de Migraciones del Arzobispado de Tánger. Esta es la única organización que presta asistencia humanitaria y sanitaria a los inmigrantes y refugiados que intentan saltar la valla abyecta de Melilla con destino a Europa, a quienes Velázquez proporcionaba alimentos, ropa, mantas y un servicio de acompañamiento sanitario durante las 24 horas en los campamentos del Monte Gurugú.
El pasado 11 de enero, las autoridades marroquíes prohibieron al padre Esteban la entrada al país y requisaron su tarjeta de residencia legal cuando éste trataba de regresar por la frontera de Melilla. Desde entonces, se han postulado varias hipótesis sobre por qué el padre Esteban es ahora una persona non grata para Marruecos. Sin embargo, el cura ha preferido mantenerse en silencio para no agravar la situación, "a la espera de que se desarrolle algún acontecimiento, o no". "Quiero tomarme unos días de silencio o, como decimos nosotros, de retiro; pero, gracias a Dios, me siento bien y en paz", afirma el religioso, quien ve cómo los muros que siempre ha denunciado se alzan de repente contra él.
Trayectoria
Nacido en 1947 en la capital grancanaria, Velázquez ingresó en la Compañía de Jesús en 1964 y se ordenó presbítero en 1976. Entonces emprende un largo recorrido como activista social, que arranca en la década de los 80, en El Salvador, donde prestó asistencia durante siete años a ciudadanos y refugiados de la guerra civil que se libró en el país centroafricano hasta 1992. "La situación que se vivía en El Salvador antes de la guerra era la de una violación constante de los derechos humanos", declara el religioso, quien permaneció durante cuatro años en una de las zonas controladas por el FMLN.
A su regreso a Las Palmas de Gran Canaria en 1993, Velázquez compaginó sus labores pastorales con su implicación en movimientos sociales y solidarios relacionados con la lucha sindical y estudiandil o el diálogo intercultural. Más adelante, en 2007, se traslada a Sevilla, donde impulsa la Iniciativa Cambio Personal. Justicia Global (CPJG), con el propósito de abrir nuevos espacios de formación y sensibilización de carácter ético-espiritual orientados al diálogo y la justicia social.
Un lustro después, en 2012, se instala en Nador como delegado de Migraciones del Arzobispado de Tánger, que nace en abril de ese año para tomar el relevo de Médicos Sin Fronteras (MSF) cuando la organización decide abandonar el país magrebí en porque "no se respetaban los derechos humanos de los subsaharianos".
En una segunda vertiente, el padre Velázquez empieza a dirigir también en 2013 el centro Baraka, que trabaja para la promoción social de jóvenes marroquíes en riesgo de exclusión en Nador. Se trata de un centro de capacitación, formación y reinserción de jóvenes -en concreto, inmigrantes- promovido por Caritas de la diócesis de Tánger (Iglesia Católica), que opera en el territorio desde 2009 en conjunto con distintas ONG.
Así, el padre Velázquez es posiblemente uno de los mejores testigos de las atrocidades que perpetran las fuerzas de seguridad marroquíes contra los inmigrantes en la frontera de Melilla. En los últimos cuatro años, el religioso ha denunciado "las condiciones dramáticas" y "precariedad total" que sufren los inmigrantes en el Gurugú o en montes aledaños. En este sentido, nunca ha ocultado sus críticas a la gestión de la frontera entre España y Marruecos, ni sus denuncias a la vulneración de los derechos humanos de los inmigrantes subsaharianos que tratan de cruzar a Europa desde Marruecos y son continuamente golpeados y vejados por la Guardia Civil. Conocedor de ambos lados de la frontera, Velázquez ha gestionado el ingreso de inmigrantes en el hospital Hassani de Nador después de un intento de salto, que presentaban brazos y piernas rotas, contusiones, golpes y brechas. Y el año pasado decidió crear un pequeño centro de seis habitaciones para atender a los heridos que terminaban su ingreso hospitalario, pero no se encontraban en condiciones de regresar al bosque. Por todas estas razones, el religioso ha declarado públicamente en varias entrevistas que es necesario enviar observadores internacionales a la frontera de Melilla.
Con todo, su labor asistencial parece no ser bien recibida por las autoridades marroquíes, si bien su trabajo se ampara en un acuerdo entre Juan Pablo II y el monarca Hassan II, que da permiso a la Iglesia para realizar labores de tipo asistencial y formativo. El pasado jueves 28 enero, cinco ONG españolas integradas en Migreurop -Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elin y SOS Racismo- pidieron la intervención diplomática de España para que el padre Esteban pueda regresar a Nador tras su expulsión y retomar su labor humanitaria en el territorio.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha manifestado que "su departamento sigue de cerca la expulsión de Marruecos del sacerdote jesuita Esteban Velázquez", toda vez que añade "pero entendemos, en este momento, que es un tema bilateral entre el Reino de Marruecos y la Santa Sede". Y el arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, ha tildado la prohibición de la entrada del religioso de "injusticia legal", que lo iguala "a los inmigrantes a los que tampoco dejan entrar por las fronteras". Hasta la fecha, el sacerdote continúa siendo persona non grata para Marruecos a este lado de la valla.
