¿Qué objetivos persigue el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho con este congreso?
Es nuestra actividad principal y consiste en sesiones formativas de mañana en las que disfrutamos de autoridades universitarias, políticas, institucionales e incluso representantes de empresas privadas con la finalidad de aumentar la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes de Derecho y su mejora como profesionales. Luego, por las tardes, celebramos asambleas generales que nos sirven a los representantes para consensuar la línea de actividad de la asociación en los próximos seis meses y debatimos cuestiones de actualidad como la Ley de Acceso a la Abogacía. Llevamos 10 congresos desde 2009 y decidimos celebrarlo este años en Las Palmas.
Durante la primera mesa de ayer se centraron en el sistema electoral canario. ¿A qué conclusiones han llegado?
Todos han concluido que el sistema electoral canario necesita un cambio, una transformación. De hecho, tanto la presidenta como la vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias nos han ilustrado sobre el sistema que hay en las Islas y se ha creado una comisión de estudios de esa reforma. Se hace necesario un sistema distinto que refleje mejor la expresión de los votos en las urnas. En estos congresos siempre tratamos que haya un balance no solo de cuestiones puramente jurídicas, como puede ser la de derecho penal con el presidente de la Audiencia Nacional, sino otras como las políticas, porque al final todas estas decisiones tienen que ver con el derecho.
Precisamente, el presidente de la Audiencia Nacional centró su lección magistral en la responsabilidad penal que tienen las personas jurídicas.
Todas las novedades en cuanto a la transformación de la legislación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal siempre interesa mucho a los estudiantes de Derecho y debemos conocerlas bien. Y la responsabilidad de las personas jurídica se aplica también a los partidos políticos. Estamos viendo ya casos penales de tipos muy variados y es una cuestión sobre la que tenemos que saber cada vez más.
Sin embargo, el tema que ahora mismo más preocupa a los estudiantes son los másteres para poder ejercer la abogacía.
Sobre este tema las opiniones son muy variadas. Pero existe un consenso en que esta reforma era una oportunidad que no se ha conseguido aprovechar. Es muy curioso que las universidad hayan conseguido implantar de una manera distinta el programa de un máster que está regulado por ley y por un real decreto que lo desarrolla. Y así hay universidades que lo celebran en septiembre, otras en enero, diciembre o hasta enero. Y esto ha motivado que sea muy complicado para el ministerio la prueba única que ahora se ha desdoblado en dos convocatorias. Pero, de cualquier forma, el programa de los másteres no deja de ser una repetición de los contenidos de grado. Quizás en algunos con mayor contenido práctico, pero que no aportan realmente un valor añadido muy significativo, con los cual nosotros hemos planteado la supresión de la obligatoriedad de cursar ese máster. Porque si el ministerio de Justicia, o el propio Estado quiere valorar que los estudiantes tengan unos conocimientos mínimos, lo lógico es que se permitiera a cualquier egresado, a cualquier licenciado. Y no este máster, que es costoso para el estudiante.
¿Qué quejas le ha trasladado al Ministerio de Justicia?
Nosotros hemos tenido muchos debates sobre este tema y hemos influido notablemente en la configuración de la prueba de acceso nacional, entre otras cosas por el interés que tiene para esta comunidad autónoma la descentralización de la prueba. En principio, estaba previsto que se celebrara en Madrid y hemos trasladado esa petición de los estudiantes de Derecho. Y más, teniendo en cuenta la realidad insular de Canarias para causar el menor número de problemas a los estudiantes.
Creo que el problema de fondo está en el número de plazas.
Nosotros pensamos que al final la reforma al acceso a las profesiones de abogado y procurador no dejan de ser una restricción al libre acceso al ejercicio profesional y nosotros pensamos que iban a venir de la mano de unos exámenes excesivamente exigentes. Pero no ha sido así. Ha venido motivado por el número de plazas. Es un problema muy importante que preocupa a los estudiantes de Derecho y a sus representantes. Y tiene que ver con la limitación también presupuestaria de las propias universidades, por la falta de medios. En concreto, el número de plazas de los másteres está en un número sensiblemente inferior al número de egresados que en las universidades están saliendo año a año.
¿Cree que todo esto tenga que ver con que España es el país del mundo en que hay más abogados por número de habitantes después de Estados Unidos?
Hay un número muy grande de profesionales. Y ahora mismo en España hay unos 120.000 estudiantes. Cierto. Pero eso no tiene nada que ver con la realización de un máster adicional que no está aportando ningún valor añadido por sí mismo. Y categorizar a los mejores y no mejores profesionales. Si realmente se cree un poco en el sistema, y no se crea un examen de estado, debería ser la propia sociedad la que sitúe a cada uno en su sitio, y no un máster o una limitación cuantitativa. Nosotros estamos trabajando para que, al menos, el perjuicio a los estudiantes de Derecho sea el menor posible y aprovechar la oportunidad que nos ha brindado este Marco Europeo de Educación Superior, y estas exigencias determinadas por analogías con los países europeos.
Otro tema muy importante ha sido la estructura y el formato de los exámenes de acceso a la abogacía del Estado y para procuradores de los Tribunales.
Ha sido una cuestión muy polémica que estaba encima de la mesa del ministerio y así ha permanecido desde el año 2006 que se aprueba la ley hasta el 2012 que se desarrolla reglamentariamente. Ahora se escoge una estructura diferente que ha venido motivada por nuestra protesta desde el Consejo de Estudiantes de Derecho que trasladamos al Ministerio de que no podíamos seguir con una incertidumbre. Nosotros propusimos un formato tipo test y una estructura que favoreciese la especialización. Y el estudiante pudiera elegir una rama del derecho y examinarse de una parte común.
¿Qué le parece que el sistema de asignaturas cambie de una Universidad a otra?
Hay universidades que están llevando a cabo unos módulos que duran dos meses con otros que podrían durar cuatro semanas. Y hay otras que siguen con su estructura cuatrimestral o trimestrales. Está siendo demasiado plural. Hacía falta una reforma, pero debió haberse aprovechado para la especialización con másteres especializantes, y que así se respondiese a la realidad del mercado.
